La nueva Ordenanza de Terrazas, en vigor desde el pasado 13 de mayo pero de plena aplicación a partir del próximo 13 de noviembre (se ha dado seis meses de margen a los negocios de hostelería para solicitar la renovación de la autorización), sigue generando grandes dolores de cabeza. En esta ocasión, las alarmas se han encendido en la Concejalía de Licencias después de que se haya detectado un error jurídico que ha llevado incluso a pensar en que podría ser necesario derogar la normativa municipal.

El problema se ha conocido tras volver a analizar el texto legal y concretamente el de la disposición transitoria segunda. Ahí se detalla que el Ayuntamiento dispone de tres meses de plazo para resolver las solicitudes y se añade que si no hay un pronunciamiento en sentido positivo cabe entenderse que la petición realizada por un negocio «tendrá un efecto estimatorio».

Es en estos últimos términos donde se ha generado el conflicto ya que en el número uno de la Plaza Mayor reconocen que las autorizaciones para la colocación de terrazas son, en esencia y también en la práctica, permisos para la ocupación del dominio público. Y en este tipo de autorizaciones el silencio administrativo siempre es negativo. Es decir, sin el pronunciamiento expreso favorable no hay nada que hacer.

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