A la espera de que el Gobierno pueda echar marcha atrás en los próximos días, el sector turístico se mueve para evitar la entrada en vigor de la nueva normativa relacionada con los registros de los clientes.La polémica surgida por la decisión, aún evitable, de ampliar las exigencias a los viajeros en hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches comenzó hace tres años con unRealDecreto que ha encontrado una gran oposición. También en Burgos.

La acción del sector retrasó la puesta en marcha de una ley que, en principio, entrará en vigor el próximo 2 de diciembre y que los profesionales cuestionan porque perjudicará a España como destino turístico. Las empresas afectadas en la provincia toman posiciones para adaptarse a una normativa por la que se pasará de tomar 12 datos personales a 42, entre ellos el número de la tarjeta de crédito con la que se ha pagado el servicio.

Una molestia para el ciudadano que alimenta un debate sobre la intimidad y la protección de datos y que generará un problema para las compañías relacionadas con el turismo.

«Es un absurdo completo y no tiene sentido», resume Luis Mata.El presidente de la Federación de Hostelería deja esta cuestión en manos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y destaca el logro de haber retrasado «hasta en cuatro ocasiones» la aplicación de una ley que «generará problemas».

Es una especie de Gran Hermano en el que nos van a poner de espías»

Mata destaca que a partir de ahora se pedirán referencias que los profesionales«no disponen» y el desarrollo de la normativa provocará importantes contratiempos en el día a día. «Generará una carga de trabajo administrativo brutal y unos costes tremendos, por no hablar de los problemas que pueden surgir en la custodia de los datos», subraya.

El representante de los hosteleros burgaleses tiene en cuenta otros aspectos, como que un cliente alojado en un hotel ha hecho el pago con tarjeta, «pero no de forma directa». Cuestiones que deben aclararse en las próximas semanas y que solo existirán en España. «El registro en los hoteles ocurre en todo el mundo y sirven para controlar a los delincuentes. Con las medidas que se toman ahora ya es suficiente», insiste Mata, para ir un paso más allá. 

«¿Vamos a tener que pedir el Libro de Familia? ¿De verdad le importa al Gobierno con quién está uno?», plantea, para descartar cualquier beneficio de esta medida. «Si lo que pretenden es perseguir el dinero en B tampoco servirá de mucho esta medida. Tendrían que buscarlo en otros lugares», expone.

La situación es compleja para el sector.No en vano, Mata recuerda que España «es el segundo país del mundo en turismo» y los nuevos protocolos a aplicar en el registro de los viajeros pueden restarle atractivo como destino. «Esta normativa supondrá mucho trabajo burocrático para las agencias de viajes extranjeras que no tendrán que hacer en otros lugares como Grecia, Italia, Portugal o Marruecos porque solo se verá enEspaña», recuerda.

Esta circunstancia supone otro elemento decisivo para activar la alerta entre los profesionales. «Esta ley va a hacer que el turismo internacional no quiera venir aquí», advierte Gema Alonso. La vicepresidenta de la Asociación Burgalesa de Agencias de Viajes (ABEAV) tiene clara la postura del colectivo profesional y mantiene la esperanza de que se retrase de nuevo. «Estamos preocupados. No queremos esta norma», zanja.

Gran Hermano. Precisamente, la ley también ha encontrado críticas de medios extranjeros. «Es una especie de GranHermano en el que nos ponen de espías», insiste Luis Mata, quien destaca la «pérdida de tiempo» que supondrá para un sector obligado a responsabilizarse de datos altamente sensibles. «Nos exponemos a sanciones y, a la vez, corremos el riesgo de que alguien se meta en nuestros ordenadores con todos esos datos almacenados», señala.

En muchas ocasiones los clientes no darán esa información»

En este sentido, las agencias de viajes advierten de que el desarrollo de la ley «va a ser un rollo» para profesionales y consumidores.Además, en el día a día se vivirán situaciones difíciles de gestionar. «En muchas ocasiones los clientes no querrán dar cierta información que nos exigen. Hablan mucho de la protección de datos de las personas y luego...», lamenta Alonso.

Los hosteleros, por su parte, denuncian que esta circunstancia «vuelve a favorecer a los alojamientos turísticos ilegales». «Ni declaran, ni contratan, ni registran y eso les permite ser más competitivos», denuncia Mata, a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y, sobre todo, a partir del 2 de diciembre si el Ministerio delInterior no da marcha atrás.