La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones obligatoria en los municipios con más de 50.000 habitantes avanza de manera muy lenta a lo largo y ancho del país. La normativa que debía entrar en vigor el pasado 1 de enero ya se topó con la realidad que viven la mayoría de las ciudades pequeñas y medianas, pero los plazos marcados por el Gobierno central vuelven a apretar a los ayuntamientos.

Burgos no escapa de esta corriente general y, entrados en el tramo final del mes de septiembre, el Ejecutivo local asume que resultará imposible poner en marcha los dispositivos exigidos el próximo 31 de diciembre. Por este motivo, el equipo de Gobierno solicitará una prórroga de un año para poner en marcha las futuras medidas acordadas. De hecho, se mantendrá abierto a la posibilidad de ampliar esta solicitud de moratoria hasta diciembre de 2025 si se dieran las circunstancias técnicas oportunas en los próximos meses.

El caso de Burgos, con sus peculiaridades, es similar al que viven otras ciudades de la geografía española. El cambio de ciclo político vivido tras las elecciones locales del 28 de mayo provocó un giro en los planes de muchos ayuntamientos, sobre todo en aquellos gobernados ahora por el PP (tanto en solitario como en coaliciones con Vox). 

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