Las exmonjas clarisas de Belorado no querían saltar al vacío de la excomunión solo con lo puesto, sino que pretendían llevarse consigo todos los inmuebles y el patrimonio a nombre de la comunidad religiosa mediante su conversión en asociación civil. Sin embargo, el Ministerio del Interior les ha denegado su inscripción en el Registro oficial, según ha podido constatar este periódico de fuentes conocedoras del caso. Se frustra así la estrategia clave de Laura García de Viedma y sus seguidoras, que llevan ya tres meses y medio atrincheradas en el convento de La Bretonera en una situación cada día más insostenible y tratando de buscar vías alternativas de ingresos tras perder el control de sus cuentas, al nombrar el Vaticano al arzobispo Mario Iceta comisario pontificio.
Sin aparecer en ese registro resulta imposible obtener un número de identificación fiscal, NIF o CIF, que viene a ser como el DNI de una persona para cualquier asociación o fundación. Sin él, no se puede realizar ninguna operación fiscal legalmente ni operar con proveedores, puesto que cualquier factura que lo omita carece de validez para la Agencia Tributaria.
Las exreligiosas lanzaron en PayPal una colecta online a nombre de la Asociación Monasterio Santa Clara de Belorado que finalizó el 8 de agosto con apenas el 13% de su objetivo, 2.723 de los 20.000 euros a los que aspiraban, y 62 donantes, entre ellos Rodrigo Henrique Ribero da Silva, el nuevo falso obispo sedevacantista que supuestamente ha pasado a ocupar el puesto de asesor espiritual, después de que 'invitaran' a marcharse a Pablo Rojas y a José Ceacero, de la Pía Unión.
Sin embargo, ni esa asociación ni otra con el nombre del Monasterio de Derio aparecen el fichero de la sede electrónica del Ministerio del Interior, donde sí figuran 25 registros con la palabra clave 'Clarisas', incluidas varias comunidades religiosas.
Ni las mujeres excomulgadas ni el Arzobispado de Burgos han ocultado que conseguir ese estatus civil resulta clave en la batalla judicial iniciada por el control de las posesiones de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña.
En un comunicado del 26 de junio, la exabadesa y sus compañeras destapaban esa baza. "Decidimos separarnos de la Iglesia Conciliar en un clima conflictivo y por amor a la Verdad Católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia a la que estamos consagradas y que llevamos a cabo en el Monasterio, presentar instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor ánimo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labor que desempeñamos", explicaba el documento, firmado con sus nombres religiosos y los civiles, y el DNI de cada una de ellas.
Desde la Diócesis, la Comisión Gestora que encabeza el arzobispo Mario Iceta no tardó en contestar. "La comunicación de prensa remitida por las diez exreligiosas de Belorado vuelve a expresar su voluntad libre y personal de separación de la Iglesia católica. Además, afirman querer secularizar la actividad que se lleva a cabo en el Monasterio. Para ello, como aseguran, han presentado instancia para otorgar naturaleza civil a esta actividad. A este respecto, hay que recordar que el Monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español", apostilló.
Nuevo asalto. El 9 de julio, otro episodio puso el acento en esta cuestión. Laura García de Viedma Serrano publicó en la cuenta de Instagram de la comunidad, llamada tehagoluz, un comunicado "en representación del Monasterio de Santa Clara de Belorado, asociación que resulta de la transformación de la entidad religiosa Monasterio de Belorado ante la autoridad competente", decía el encabezado.
Ese mismo día le respondió la Comisión Gestora: "La Sra. García de Viedma dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente. Como ya se manifestó en ocasiones anteriores, la transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto. Se está intentando confundir a la opinión pública, tratando de hacer creer que la nueva asociación civil erigida por las exreligiosas es la propietaria del patrimonio de los Monasterios", apostilló la Diócesis.