En una nueva vuelta de tuerca de un proceso judicial que se antoja ya eterno, al prolongarse desde hace más de una década, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Aranda de Duero contra el último auto emanado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el pasado mes de febrero, en el que ratificaba la sentencia por la que daba al Consistorio un plazo de un mes para proceder a la legalización de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la capital ribereña o, en caso de no hacerlo, proceder a derribarla para dar cumplimiento al fallo de 2001, ratificado en 2004, que ordenaba que los terrenos donde se levanta la planta volvieran a su estado original al incumplirse la distancia mínima de 2.000 metros a núcleo urbano que marcaba la ley.
Esta misma semana, el Supremo ha emplazado a las partes a personarse ante este tribunal, un trámite que al menos la representación legal de Hostal El Ventorro, que inició el procedimiento que culminó declarando ilegal la ubicación de estas instalaciones, solventó ayer mismo.
Todo apunta a que este nuevo itinerario judicial supondrá una nueva demora en la resolución definitiva del conflicto existente sobre la ubicación de la depuradora. Salvo que finalmente el TS decida no continuar adelante con el recurso de casación por entender que ya está resuelto, todo apunta a que habrá que esperar algo más de un año para conocer este nuevo pronunciamiento judicial. «Otra cosa es que digan que ya es cosa juzgada porque la ejecutoria de la sentencia, ya se pronunció el Supremo diciendo que la sentencia se podía ejecutar en sus propios términos», señaló Alejandro Suárez, abogado de El Ventorro, quien lamentó que esta nueva situación probablemente dejará en suspenso e impedirá que puedan ponerse en marcha otros procedimientos encaminados a exigir responsabilidades por dilatar el proceso. En cualquier caso, advirtió que estudiará esta posibilidad.
El letrado consideró que detrás de esta maniobra se encuentra un nuevo intento del Ayuntamiento por intentar ganar tiempo y proceder a legalizar la planta. Sin embargo, mostró su extrañeza ya que en los últimos autos judiciales se refleja que no se ha dado ningún paso en este sentido.