Víctor González de Aldama es hoy el hombre que tiene en vilo al Gobierno. De forma directa o indirecta ha provocado la imputación de personas cercanas, política y personalmente, al presidente, y dice tener las evidencias que, de poder probarse, podrían tumbar el Gobierno y la caída de Pedro Sánchez.

Propietario de la empresa Soluciones de Gestión, presidió el Club de Fútbol de Zamora, y logró que a través de patrocinios mexicanos saneara sus cuentas y rindiera más en lo deportivo. En uno de sus frecuentes viajes al país azteca, coincidió con el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos, que se encontraba de visita de trabajo junto a su amigo y asesor Koldo García. Así empezó una relación muy fructífera para todos ellos. 

Tiene fama de ser hombre de trato cercano, que hace amigos con facilidad y utiliza con inteligencia sus contactos para hacer negocios. Conoce a muchas personas influyentes en media docena de países sudamericanos y mantiene relaciones con miembros del FBI y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas, fundamentalmente en la Guardia Civil. Su hermano, Rubén, es policía nacional, y trabajó como escolta de Ábalos cuando era ministro.

Todas esas circunstancias, contactos y amigos por medio mundo, perspicacia para los negocios y para sortear los problemas legales que impedían rematarlos, son las que le han convertido en el hombre que centra hoy el interés informativo y el consiguiente debate político. Sobre todo, después de que compareciera ante un juez por su presunta implicación en una estafa relacionada con adjudicaciones ilegales de distribución de hidrocarburos y fuese condenado a prisión incondicional. Cuando se cumplía un mes de su ingreso en la cárcel, pidió una nueva declaración, esta vez voluntaria. No era difícil adivinar que, para sortear las rejas -donde decía haber recibido amenazas de muerte- había decidido tirar de la manta.

El presunto comisionista contrató como abogado defensor a uno de los profesionales más conocidos de Madrid, Juan Antonio Choclán, fiscal con importante bufete penalista que ha tenido como clientes al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a Cristiano Ronaldo e Imanol Arias en sus problemas con Hacienda, a Rita Barberá, Francisco Correa y Corina Larsen, entre otros. Letrados y jueces destacan el importante papel que jugó en la inhabilitación de Baltasar Garzón.

Experto penalista que en su minuta hace valer su experiencia -no todo el mundo está en condiciones de contratarle-, ha dirigido con inteligencia la declaración de Aldama ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, al que prometió darle las pruebas que demostrarían que lo que había contado era cierto. Moreno determinó que el supuesto conseguidor no estaba obligado a regresar a prisión, aunque con medidas cautelares para impedir que pudiera destruir evidencias o salir de España. Desde entonces, ha presentado ante el juez docenas de documentos, a los que se han incorporado los que ha recogido la UCO, que actúa como policía judicial. Entre ellos, destacan las transcripciones de conversaciones telefónicas mantenidas por Aldama y los mensajes intercambiados con los personajes de las diferentes tramas en las que puede estar implicado. 

La última prueba relevante la publicó ayer un periódico digital, una carta de Ábalos escrita hace cinco años, cuando era ministro de Transportes. En la misiva, el exdirigente socialista presenta al empresario como el enlace del Gobierno de España con el de Venezuela. Asimismo, subió con Ábalos al avión para negociar con Delcy la salida de España y darle explicaciones de por qué no podía ser recibida por Sánchez como le habían prometido.

Puertas que se abren

No hay ninguna operación vinculada con la posible corrupción en el PSOE en la que no esté presente este empresario, como, por ejemplo, en el llamado caso Ábalos o caso Koldo, o en el también conocido caso Begoña. Su empresa Soluciones de Gestión se encargó de gestionar la compra de mascarillas en China durante la pandemia, operación muy cuestionada por el precio desorbitado y por las comisiones que se pagaron, como se descubrió posteriormente. Estaba en San Petersburgo cuando Begoña Gómez viajó en una reunión convocada por la Organización Mundial de Turismo, y allí mantuvo una reunión con la mujer del presidente y con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en la que hablaron no solo del patrocinio de los masters de la Complutense sino también de la deuda del Ejecutivo de Venezuela con Globalia, que el empresario intentaba resolver. Su mano también estuvo en el acuerdo del rescate de Air Europa, la marca más importante de Globalia, por el Gabinete de Sánchez.

Desde el primer momento que salió su nombre en las informaciones periodísticas y en los informes de la UCO, desde Moncloa se puso todo el interés en marcar distancias con el presunto comisionista. Con tanto empeño que el exasesor de Koldo se sintió mal tratado después de que, en su consideración, había hecho grandes favores.

Así, no dudó en iniciar una serie de movimientos para intentar demostrar que, no solo mantenía excepcionales contactos con Ábalos, sino que conocía al presidente. Sánchez lo negó y, entonces, le faltó tiempo para filtrar una fotografía en la que se le veía sentado justo detrás del líder del PSOE en un acto de partido. El socialista dijo que él no controlaba con quién se hacía fotos, y al poco aparecía una nueva imagen en Ferraz la noche de las elecciones, cuando es sabido que en esas citas en las sedes de los partidos es muy reducido el número de personas que acceden a la zona donde se encuentran los máximos dirigentes. Además, asegura que cuenta con más imágenes, entre ellas las de la celebración del cumpleaños de Ábalos, a la que acudió Sánchez con su mujer.

Las cifras de comisiones que ha pagado son inconmensurables, todas ellas negadas por los supuestos recibidores. Está demostrado que adquirió un chalet a Ábalos en Sotogrande a través de un alquiler ficticio con opción a compra, así como el alquiler de un lujoso apartamento a una supuesta amante del exministro en Madrid. En su segunda declaración, citó el regalo al exministro de un piso en la Castellana, por valor de casi dos millones, también con una ficticia operación de alquiler con opción a compra. 

La Justicia sigue su ritmo, los medios informativos también, a pesar de la estrategia de defensa del Gobierno de insistir en que es víctima de una operación de acoso y derribo por parte de un número destacado de magistrados y periodistas.

La cuestión es que Aldama está decidido a tirar de la manta. Hay datos que parecen falsos, pero en otros cuenta con soportes incuestionables.