La cita evangélica 'Los últimos serán los primeros' nunca se cumple en los planes de liquidación. A la hora de repartir los restos del fracaso que supuso la gigantesca quiebra de la constructora Martinsa Fadesa, los últimos -los compradores de todas aquellas viviendas que se proyectaron a mediados de los años 2000 y se empezaron a levantar en Buniel- son los últimos y les quedan, literalmente, las migajas.

Así lo confirma la notificación judicial que ha recibido hace unos días Óscar García Terán, 16 años después de que conociese la noticia de que la constructora de la casa por la que adelantó 33.599,36 euros iba directa a la quiebra. Para su indignación, hartazgo y frustración "infinita" la administración concursal le comunica por carta que por todo aquel fiasco, por todos los disgustos y sinsabores de tantos y tantos años, le corresponde cobrar, nada más y nada menos, que 181,56 euros.

La misiva y su contenido ha resucitado todos los males vividos por este pequeño acreedor, hoy un gestor de proyectos de una farmacéutica de 45 años con una familia con dos hijos estupenda.

Óscar visitó ayer las ruinas de lo que iba a ser su casa camino de su pueblo de Palencia. Lo ha pasado mal y cree que la historia de la quiebra de Martinsa Fadesa aún no ha terminado. - Foto: Valdivielso

Hipotecó los ahorros de su juventud en 2006 por un piso sobre plano de dos habitaciones, un primero en un bloque de tres alturas cuyo esqueleto sigue aún en pie en la urbanización fantasma Ciudad Jardín Soto del Real. "Era mi primera vivienda y entonces no tenía familia. Mi ilusión era venirme a vivir a Burgos, nunca llegué a pensar que aquello sería un cúmulo de desgracias que me llegan hasta hoy...".

Me ha quedado claro que cuanto más necesitas a la Justicia en este país, más te da la espalda"

Óscar García pagó 19.000 euros en 'cómodas' letras mensuales de 260 euros hasta que un mal día del verano de 2008 se enteró por los medios de comunicación que su constructora se desplomaba por las deudas como un castillo de naipes y su sueño se iba al garete.

Ciudad Jardín Soto del Real proyectó sobre plano un nuevo Buniel, que triplicaría la población de esta localidad del alfoz de la capital. Junto a la autovía A-62, se habían proyectado más de 1.400 viviendas distribuidas en números redondos en 340 colectivas, 260 adosadas, otras tantas pareadas, 60 agrupadas, 182 pisos, locales comerciales, zona verdes y equipamientos.

Empezó a levantarse en 2006 y dos años después quedó totalmente parada en el tiempo, para transformarse en la enorme escombrera que es hoy.

Martinsa Fadesa protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia y fue uno de los episodios más sonados de la crisis de la construcción que arruinó a compradores de viviendas, empresas, cajas de ahorros y bancos en la primera década del siglo.

Juicios. Consciente de que la quiebra no tenía solución, Óscar no negoció una hipoteca y evitó pagar los 14.000 euros comprometidos por contrato a la entrega de las llaves en 2009 (algo que nunca se produjo), "un error que me echaría encima al Banco Popular (hoy desaparecido y absorbido por el Santander), que me demandó por impagos y me metió en un proceso judicial traumático".

Antes de la causa del Popular, rechazó cualquier acuerdo extrajudicial y mantuvo un juicio con la constructora, con la que litigó para que se le reconociese el derecho a cobrar en su totalidad el dinero que había adelantado por una vivienda que no se terminó. La sentencia a su favor le reconoció el cobro de 27.778,27 euros, cantidad que nunca llegó a su cuenta corriente pues todos los bienes (deudas) de Martinsa Fadesa estaban en manos del juzgado de lo Mercantil de A Coruña e iban a terminar en un proceso de liquidación en el que los compradores de las viviendas como Óscar serían los últimos de la fila.

Lo de Buniel fue tan doloroso para mí que he hecho todos los esfuerzos posibles durante estos años para poder olvidarlo"

El 27 de marzo y tras 9 años de espera se aprobó el plan de liquidación, que ha permitido anticipar créditos concursales por valor de 25 millones. Los compradores de vivienda son los últimos y, en el caso que nos ocupa, el pago a prorrata que corresponde al afectado es de 181,69 euros, que teme que sea los únicos que reciba.

"La carta ha sido una sorpresa muy dolorosa para mi. Aquello de Buniel fue tan doloroso que he hecho todos los esfuerzos posibles para intentar olvidarlo y no volver aquí. Tengo todos los papeles guardados, pero siempre me ha dado miedo mirarlos...", reconoce Óscar García, que también creó un grupo de damnificados en Facebook (novedoso en aquella época) para intentar unir voluntades.

Tras el fiasco inmobiliario, que desencadenó la histórica crisis de la construcción, de consecuencias dramáticas para muchas familias de compradores, hipotecados y trabajadores. Óscar se fue a trabajar al extranjero, al Reino Unido, y hoy, felizmente, vive en Madrid con su propia familia. No había pisado Buniel desde la quiebra...

Advierte que han pasado 16 años y que los 33.599,53 euros "son muchos más ahora", no solo por la revalorización de la vida en todo este tiempo, sino por las costas judiciales que ha tenido que afrontar de los procesos en los que estuvo metido pese a ser una víctima de todo lo ocurrido. Son más de 45.000 euros perdidos...

"Doy gracias a mis padres por lo que me ayudaron. Cuando más necesitas a la Justicia, en este país más te da la espalda... En el caso de la vivienda, un derecho que tenemos reconocido en la Constitución, la Ley tenía que poner a los compradores a la cabeza de los acreedores, pero es justo todo lo contrario".

Un largo rostro de dolor

El concurso de acreedores de Martinsa Fadesa arrastró a cientos de futuros propietarios de las viviendas en la promoción de Buniel. Algunas casas estaban prácticamente terminadas cuando se desató la quiebra en el verano del 2008, otras apenas vieron un leve movimiento de tierras.

Tras la debacle, algunos afectados siguieron pagando confiados en una solución; otros se negaron, y todos se encontraron al final con que necesitaban recuperar su dinero. La mayor parte entregó cantidades en torno a los 20.000 o 30.000 euros, pero algunos incluso llegaron a abonar 70.000.

Antes de llegar a la liquidación (16 años después) muchos reclamaron por la vía legal lo pagado, aunque algunos -ante una situación de necesidad- pactaron un dinero por debajo de lo que habían desembolsado. Otros, por desconocimiento o por miedo a los costes de abogados y procuradores, decidieron tirar la toalla, renunciar a la vía judicial y empezar de nuevo.