El Colegio de la Abogacía de Burgos presentó hace unos días el escrito de calificación contra la exgerente de la entidad, María Teresa Gallego, a la que acusan, junto a su hermano Juan Antonio, de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por un supuesto desfalco que cifran en 840.900 euros. Piden para la extrabajadora la pena de 12 años de prisión, tres más de los que reclama la Fiscalía. Para el otro acusado, la solicitud es de cuatro y medio, también más elevada que la del Ministerio Público. Las indemnizaciones que requieren a ambos superan el millón de euros.

En las conclusiones presentadas por los abogados, se detallan numerosas operaciones que, sostienen, realizó Gallego durante años mientras ostentaba el cargo de gerente del órgano colegial. Un empleo por el que, por cierto, cobraba al año 68.000 euros a los que habría que sumar alrededor de 20.000 en concepto de variables, objetivos y beneficios.

Su condición le daba «pleno acceso a la totalidad de las cuentas», lo que significa que era ella quien ordenaba todas las transferencias, emitía cheques bancarios para realizar pagos a proveedores o quien se encarga de gestionar el dinero en efectivo. 

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