El Tribunal de Cuentas (Tcu) ha declarado al secretario de San Zadornil, Villalba de Losa y Berberana como «responsable directo del total del alcance» ocasionado a los tres ayuntamientos y le condena a «reintegrar 155.397 euros, así como al abono de los intereses devengados desde que se produjeron los hechos». Al mismo tiempo, desestima la demanda que interpuso el fiscal contra los alcaldes de los tres municipios durante los años en que el funcionario cobró una nómina de casi el triple de lo que le correspondía. Así en 2019 ingresó 83.000 euros cuando debían ser 30.065;en 2020, 84.197 frente a 30.175; y en 2021, 90.939 frente a 31.862.
El Tcu considera acreditado que el secretario de los tres municipios desde 1983, «fue quien adoptó la decisión y fijó la cuantía de sus retribuciones e informó favorablemente los presupuestos todos los años». «También elaboraba los presupuestos y autorizaba el pago de su nómina -autorizaba los pagos y hacía las transferencias-», continúa explicando el documento donde se señala que «las nóminas que constan incorporadas a los autos fueron firmadas a posteriori por los alcaldes a requerimiento» del secretario «para enviarlas a la instructora de este proceso contable».
El funcionario pertenece al subgrupo A2 por poseer la titulación de Bachiller y a la subescala de secretaría de tercera. Además de ello, no está integrado en la escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Sin embargo, en los presupuestos municipales de los tres ayuntamientos y en su plantilla de personal se englobaba en el grupo B y con habilitación nacional. De este modo, cobraba una retribución más elevada, a la que sumaba complementos específico y de productividad, pero en los presupuestos municipales, que él mismo redactaba, «no se desglosaban las cantidades que correspondían a los complementos». Tampoco le consta al Tcu «ningún acuerdo de la junta de la agrupación de los ayuntamientos que fije las retribuciones del secretario, ni la asignación de los complementos específico y de productividad al puesto de secretario-interventor». La cantidad total que él mismo decidía estaba en los presupuestos dentro del capítulo de Personal, pero «no basta para legitimar los pagos».
La sentencia, que este viernes recibieron los alcaldes, considera que el profesional «faltó a la más mínima diligencia exigida en el ejercicio de sus funciones».«Incluso se podría afirmar que era consciente del resultado de su actuación, pues fue quien adoptó la decisión y fijó la cuantía de sus retribuciones», continúa el texto, que insiste en como era el secretario desde hace más de 30 años, y «los alcaldes han declarado que tenía sus claves de firma en un marco de absoluta confianza a los fines de gestionar cuantas cuestiones fueran precisas en el funcionamiento diario económico, contable y jurídico de los ayuntamientos».
Confianza. El fiscal pedía a los regidores que, de manera solidaria, devolvieran las cantidades proporcionales a lo que se le pagó de más. Al de San Zadornil, Lucio Bodega, se le reclamaba la mayor, 73.015 euros más intereses; por dedicar a este municipio la mayor parte de la jornada laboral; seguido de José Losa, de Villalba, con 42.174; Luis María Usín, con 35.573; y Susana Gutiérrez Barquín, con 7.012. Pero el Tcu les exime de toda culpa, porque «pretender que los alcaldes desconfíen de la actuación del secretario interventor excede de la diligencia que les es exigible. Actuaron con la confianza depositada en la profesionalidad del secretario-interventor y en que él mismo cumpliría escrupulosa y lealmente sus deberes, confianza que es indispensable para el normal funcionamiento municipal».