No para de crecer. El gasto político del Ayuntamiento de Miranda suma su tercer año consecutivo de subida, según se observa en el Presupuesto municipal para 2025, que ha salido adelante con los votos a favor del PSOE e IU-Podemos. En las cuentas diseñadas por la coalición se reservan algo más de 545.000 euros destinados a remuneraciones de los concejales, mientras que en 2024 esa partida rondaba los 536.000, en 2023 se quedaba en 396.000 y allá por 2022 se movía en los 322.000. Precisamente, aquel ejercicio poscoronavirus se alzó como una rara avis, ya que fue el único de la última década en el que se disminuyó la previsión de gasto en sueldos de ediles. Y es que, antes de la pandemia, la tendencia era la contención, pero en 2020 ya hubo un ligero repunte, que estuvo seguido de una congelación puntual, de esa pequeña reducción y, finalmente, de esas posteriores crecidas.

A falta de cuantificar las variaciones que se han vivido en los dos últimos ejercicios, en la página web del Ayuntamiento se encuentran publicadas las cuantías que han estado recibiendo cada uno de los miembros de la corporación al mes. En la primera posición de ese listado, como no podía ser de otra manera, está la alcaldesa, Aitana Hernando, quien, según su nómina de agosto de 2023, arrancó este mandato cobrando un importe bruto de casi 3.700 euros. Justo detrás de la primera edil se encuentran los socialistas Pablo Gómez y Adrián San Emeterio, con unos sueldos de 2.943 euros brutos al mes. El primero de ellos empezó la presente legislatura aumentando sus competencias para encargarse de Seguridad Ciudadana, Servicios Sociales y Personal, pero el segundo, curiosamente, aumentó su liberación aunque redujo sus responsabilidades, puesto que ya solo gestiona Obras y Modernización de la Administración, tras dejar la cartera de Servicios, pero en 2023 pasó de tener tres cuartos de liberación a una completa.

Estos dos concejales tienen una remuneración superior a la de los portavoces de los grupos que componen el equipo de gobierno, ya que tanto Miguel Ángel Adrián, del PSOE, como Cristina Ferreras, de IU-Podemos, empezaron el mandato con unas asignaciones de casi 2.090 euros brutos. Se trata de una cuantía bastante similar a la que se aprobó en el pleno de julio de 2023 para el líder del principal partido de la oposición, Sergio Montoya. El popular, conforme a aquel acuerdo que alcanzó la corporación hace un par de años, empezó la legislatura con una remuneración que rondaba los 1.900 euros, a falta de descontar los impuestos. Por su parte, el portavoz de la formación minoritaria Vox, Miguel Ángel Arbaizar, cuenta con una asignación mensual que supera ligeramente los 1.130 euros.

En la oposición hay otro sueldo que se asemeja al de Arbaizar, puesto que Belén Vélez, la número dos del PP, recibe una asignación que asciende a 1.043 euros brutos cada mes porque lleva a cabo la función de coordinadora del grupo municipal. El resto de su partido, en cambio, no llega a los 700 euros. Diferente situación se da entre los miembros del equipo de gobierno. Al margen de los ya mencionados con anterioridad, el concejal de Urbanismo, Servicios, Vivienda, Barrios y Pedanías, y segundo teniente de alcalde, Guillermo Ubieto, tiene una nómina por su liberación parcial que ronda los 2.200 euros brutos, como también ocurre con la responsable de Medioambiente, María Cueva. 

Los demás componentes del equipo de gobierno, es decir, aquellos que no están liberados ni ostentan la portavocía de sus grupos políticos, comenzaron el presente mandato con un pago mensual de poco más de 1.330 euros. En esa situación se encuentran Carlos Diez (Cultura y Patrimonio), Soraya Solórzano (Igualdad), Aitor García (Deportes), Begoña González (Memoria Histórica), Montserrat Cantera (Ferias y Fiestas) y Matilde Fernández (Hacienda), aunque estas dos últimas compaginan su labor como ediles con sus cargos políticos en la Diputación de Burgos.