Llaman por teléfono un sábado por la noche. Es de comisaría porque han detenido a una persona que solicita un letrado de oficio. El abogado acude, asiste al arrestado, le lleva el caso durante meses.Quizá años, depende de la complejidad del asunto. Al terminar, el tiempo invertido equivaldrá a unos 200 euros en el mejor de los escenarios. Un honorario muy alejado de las tarifas que cualquier profesional cobraría en su despacho. Por eso, principalmente, la justicia gratuita pierde inscritos. Las condiciones en territorios con competencias estatales, como Burgos, son «paupérrimas». Por esa razón, entre otras muchas, el número de defensores en la provincia no ha parado de caer desde hace cuatro años.
Según la estadística facilitada por el Colegio de la Abogacía de Burgos, el turno de oficio en la provincia cerró 2023 con un total de 273 inscritos. Son seis menos que el año anterior, cuando se produjo la caída más notable. En cuestión de un lustro, el descenso ha sido de aproximademente el 10%. Curiosamente, los avisos y las designaciones no han parado de subir salvo en los tiempos de pandemia. Tanto, que el pasado ejercicio se marcó un récord con 7.304.
¿A qué se debe el descenso? En el Colegio no se atreven a dar un único razonamiento. Básicamente porque cada profesional que haya decidido borrarse del turno tiene sus motivos personales. La delegada de justicia gratuita, Marina Villuela, reconoce que les ha sorprendido sobre todo la caída en violencia de género, donde hay 45 abogados menos. «Puede que sea una materia muy específica y compleja. Son guardias muy peliagudas y, tal vez por eso, hay más bajas este último año», apunta.
La pérdida de inscritos de los últimos años no es algo que inquiete demasiado en la junta directiva del órgano de representación de los letrados burgaleses. Según detalla Villuela, puede deberse a jubilaciones o a circunstancias particulares que hacen que unos años caigan los abogados del turno y otros se incrementen. «Son épocas y hay cobertura de sobra para dar un servicio. Si el descenso fuera más considerable sí estaríamos preocupados», añade.
Efectivamente, no hay una sola razón que invite a los letrados a dejar de prestar sus servicios gratuitos y por eso el Colegio de la Abogacía no quiere entrar a valorar las circunstancias. Pero sólo hace falta darse una vuelta por los juzgados y charlar con los profesionales para saber que casi todo gira en torno a las condiciones económicas. Se cobra poco, tarde y mal. Asumen a veces casos complejos, con pocas posibilidades de prosperar en una sala de vistas o con poco dominio de la materia. Dedican un tiempo considerable para estudiarlo y pelearlo. Un trabajo idéntico al que harían a nivel privado que no está nada bien remunerado. Muchos, además, creen que los clientes no terminan de valorar lo que hacen por ellos.
El abogado penalista Guillermo de la Fuente dejó en diciembre el turno de oficio. Hacía tiempo que le había dado vueltas a la idea dadas sus circunstancias particulares, que no eran otras que su especialización en una materia tan específica. «A veces tenía que coger procedimientos que no dominaba mucho. Al final no es del todo positivo y es algo que pesó mucho en mi decisión», señala. Por otro lado están las guardias, que a veces son a horas intempestivas y en mitad del fin de semana. «Al final», concluye, «si estuviese mejor pagado probablemente seguiría con ello. Eso es una evidencia».
Desde luego, la actualización del baremo es la principal reivindicación histórica de los letrados desde hace varias décadas. No hay que olvidar que en las comunidades en las que las competencias no están transferidas, como es el caso de Castilla y León, cobran casi la mitad que en otros territorios como País Vasco, que además es vecino. «Llevamos muchos años de pelea y ninguno de los Gobiernos nos ha hecho caso. La Justicia no importa demasiado», lamenta Villuela.