El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, y los secretarios generales autonómicos de CCOO y de UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, confrontarán mañana sus posiciones en materia de Diálogo Social en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
La petición sobre la que se articula el debate fue registrada en 2023 por UGT y CCOO en la que ambos denunciaban una aplicación incorrecta de la legislación europea en materia de Diálogo Social por el Gobierno de coalición de Castilla y León, debido al cese de la relación con patronal y sindicatos y a la retirada de subvenciones de determinados programas sociales y de inclusión por las consejerías encabezadas por Vox.
Los sindicatos lamentan que el asunto siga adelante ya que afirman, en un comunicado, recogido por Ical, que lo dieron por cerrado tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox y la restitución de la democracia participativa con la recuperación de los derechos que, desde que comenzó la legislatura, "se nos habían arrebatado".
"Ahora Vox pretende utilizar el trabajo que realizamos en su día, y ha decidido reabrir el proceso en la Comisión de Peticiones" de este lunes, censuran los agentes sociales, quienes consideran que se trata de "una maniobra de rencor hacia el presidente de la Junta de Castilla y León y un intento de tergiversar los hechos pues mientras en marzo denunciamos que la ley no se cumplía, en estos momentos está en proceso de restituirse y, por tanto, la Petición he perdido su sentido".
Faustino Temprano y Vicente Andrés los expresarán así ante la Comisión de Peticiones donde consideran que "el partido de la extrema derecha hará gala de una actitud oportunista que sólo busca protestar contra la legalidad a la vez que pretende atacar al PP". Es por ello que lamentan que a Vox "no le guste ni la democracia ni los fundamentos legales que la sustentan".
Por su parte, García-Gallardo defenderá las medidas aplicadas durante su presencia en el Gobierno autonómico, con "un recorte directo de más de 20 millones de euros" de subvenciones a los sindicatos que, según fuentes de la formación, "permitió la aplicación de líneas de ayudas para que las empresas comprasen maquinaria o la elaboración de estrategias inéditas en prevención de riesgos laborales".
Además, exigirá explicaciones a su exsocio del Partido Popular y al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que entiende como "un nuevo regalo de 1.000 millones de euros" que aseguran que se ha realizado a los sindicatos como fruto de los nuevos acuerdos del Diálogo Social.