La progresiva aplicación de la ordenanza de terrazas, que entró en vigor en mayo del año pasado pero que ha estado sujeta desde entonces a cambios y moratorias de todo tipo, ha empezado a causar efectos sin precedentes desde el punto de vista disciplinario. Así lo evidencia el goteo de resoluciones que se han firmado a lo largo de este verano en la Concejalía de Licencias y en las que, por la información que ha podido contrastar este periódico, se ha sancionado ya a al menos siete negocios de hostelería con «la extinción de la autorización de la terraza durante un plazo de dos años».

Si la anterior ordenanza, de septiembre de 2011, limitaba la extinción de la autorización a dos únicos supuestos, que se resumen en la colocación de tres veladores o más sin permiso o a la acumulación de tres infracciones graves, la actual normativa es bastante más severa en este sentido y refleja hasta catorce motivos distintos por los que un negocio puede perder el permiso que le habilita a sacar las mesas y sillas a la vía pública.

La tramitación de las resoluciones constata que el Ayuntamiento, salvo en el improbable caso de que prosperen los posibles recursos, está siendo implacable con aquellos negocios que, por ejemplo, no han pagado la tasa, que han colocado más de cuatro mesas de las permitidas u ocupado un 25% más de la superficie autorizada o que se han excedido en más de una hora en el horario permitido. A todos ellos se les ha notificado la extinción de la autorización, que ha venido acompañada también de multas económicas que han oscilado entre los 1.501 y los 2.600 euros.

La situación, desde la entrada en vigor del nuevo marco normativo, ha cambiado notablemente en aspectos como el horario ya que una infracción de este tipo se quedaba antes en una multa económica y ahora, en función del tiempo transcurrido, puede conllevar incluso la pérdida de la autorización. De hecho, así ha sucedido en al menos dos casos.

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