La polémica por la clausura de panteones realizada por el Ayuntamiento de Miranda sigue muy viva. Pese a estar pendientes de la resolución administrativa de los recursos presentados, en la plataforma que agrupa a parte de los vecinos implicados ponen el foco ahora en el cementerio de Bardauri. En este lugar, denuncian que existen 176 monumentos funerarios que presentan el mismo problema esgrimido por la administración local para justificar el cierre, oficializado en mayo en el camposanto del Casco Viejo. «Los entierros se realizan de la misma manera que en los nuestros», puntualiza uno de los impulsores del colectivo ciudadano, Miguel Martínez de Lecea, por lo que según este razonamiento también incumplen la ley de Protección de Riesgos Laborales en la que se ampara el Consistorio.

En el momento en el que se publicó el decreto que impide la utilización de los 592 panteones sellados desde hace meses, el concejal de Urbanismo  GuillermoUbieto argumentó que el procedimiento para meter los ataúdes en los panteones de entrada frontal provocaba «unas condiciones de trabajo que no podemos mantener», más allá del incumplimiento de la ley a la que se aludió por parte del responsable municipal.

Martínez de Lecea indica que en cementerio de Bardauri, en los panteones que también cuentan con un acceso frontal, una persona debe acceder a su interior para colocar el féretro. Por este motivo, clausuraron los monumentos funerarios del viejo, porque como recalcó Ubieto se incumple la prevención de riesgos laborales de los enterradores.

Martínez de Lecea matiza que existe una única diferencia «porque los de Bardauri, al ser más nuevos, cumplen con la LeyMortuoria de Castilla y León». Eso significa que deben tener como mínimo 2,20 metros de largo, por 0,80 de ancho y dos metros de profundidad, «con un espacio entre fosas de 0,50 metros», indica la norma. Por eso, el representante de los afectados manifiesta que la diferencia se basa en las dimensiones «pero la forma de enterramiento es exactamente igual que en los del viejo, con una persona dentro que emboca el féretro», reitera. De esta manera, no entiende cómo se adoptó una medida tan drástica en su caso, mientras que en el cementerio nuevo se mantiene la actividad en estos elementos.

En este sentido, Martínez de Lecea sí que se apunta otra diferencia, ya que remarca que los que aún están habilitados «pertenecen al Ayuntamiento», que aplica una cesión del uso por unos años, aunque conserva la titularidad. El Consistorio a través de su página web informa de cómo conseguir una de estas concesiones por 8.355 euros para la utilización durante 99 años. «Esto significa que el Ayuntamiento de Miranda debería de arreglar esos 176 panteones para adaptarlos», incide Martínez de Lecea, quien puntualiza que la reforma de cada uno ronda los 5.000 euros, por lo que el desembolso total quedaría cerca de los 900.000 euros.

Otra crítica que va desde la plataforma a la administración local tiene que ver con la conservación que hace de esos panteones, «porque algunos tienen algunas losas caídas», aunque en el caso del cementerio de Nuestra Señora de Altamira, el del Casco Viejo, los titulares deben hacerse cargo de ese mantenimiento.

Más de cinco meses. El conflicto se arrastra desde el 15 de mayo, cuando el Ayuntamiento, a través de un decreto, clausuró 592 panteones de los 824 existentes en el camposanto viejo. En estos meses, algunos de los afectados se han organizado y ahora encaran el último paso administrativo, antes de ir a los tribunales si la prohibición se mantiene. Por ahora, el Consistorio sí que ha movido ficha y ha anunciado que prepara un sistema para poder inhumar cenizas, algo que por ahora tampoco está permitido. Además, desde el colectivo demandan que los propietarios que quieran puedan recurrir a una empresa para que se hagan cargo del entierro.