Las consecuencias del devastador incendio del 24 de julio, que se originó en el municipio de Quintanilla del Coco y afectó a los términos municipales de Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos, se conocieron a los pocos días de finalizar las labores de extinción, pero transcurridos cuatro meses todavía no se conoce con exactitud la cuantía de todos los daños y perjuicios originados, y tampoco quién asumirá finalmente los mismos.

Desde el Juzgado de Lerma, encargado de la instrucción de este caso, se sigue dando pasos para el esclarecimiento total de los hechos, dilucidar las responsabilidades y también cuantificar todo tipo de daños ocasionados. Uno de los informes que ya se conoce es el relativo a los daños medioambientales, presentado por el Servicio de Medio Ambiente, de la Delegación Territorial de la Junta, que valora en un total de 7,7 millones de euros los daños y perjuicios originados por el fuego en la comarca del Arlanza.

En concreto, en ese informe se valora desde la producción ganadera forestal o de hongos y leña, a la provisión de agua, caza, control de la erosión, conservación de la biodiversidad biológica o captura de carbono por el arbolado. Los dos conceptos que mayor pérdida económica suponen, según los técnicos de Medio Ambiente de la Junta, son los denominados 'control de la erosión' y 'captura de carbono', el primero está cuantificado en 1,1 millones de euros y el segundo en 1,6 millones. El servicio o uso recreativo de la zona afectada por las llamas se ha valorado en 866.039 euros y la provisión de agua para uso agrícola en 646.545 euros.

Dos décadas por delante. A la hora de evaluarlos esos daños y perjuicios, los técnicos ambientales también han tenido en cuenta el período aproximado de recuperación de las afecciones que el incendio ha tenido en la naturaleza y, en la mayor parte de los casos, se establece que tendrán que pasar 20 años para recuperar las producción de madera, de hongos o de leña, y lo mismo sucede con el uso recreativo de la zona, el control de la erosión, la captura de carbono o la conservación de la diversidad biológica.

Además de la Administración regional, en el proceso judicial se ha personado para reclamar esos daños la asociación de damnificados de Santibáñez del Val y el Ayuntamiento del municipio, particulares de las otras localidades afectadas como Quintanilla del Coco y Santo Domingo de Silos, así como numerosas compañías aseguradoras, que en muchos casos ya han pagado a sus clientes los daños que han sufrido sus propiedades y que esperar recuperar esas cuantías.

Declaración de testigos. Al margen de los informes y peritajes, por la sede judicial lermeña han pasado ya la persona que se encontraba cosechando en Quintanilla del Coco y otras dos que se encontraba en la zona ese momento, ya que presuntamente el fuego se originó en ese lugar, según determinaron en su día los agentes de la Guardia Civil tras una concienzuda investigación.

Fuentes del caso apuntan que, tras estos testimonios, la defensa del propietario de la cosechadora ha solicitado que se tome declaración a otras tres personas.