El proceso iniciado hace más de seis meses para poner en marcha los primeros presupuestos participativos del Ayuntamiento de Villarcayo y que en 2023 dedicarán 200.000 euros a las peticiones de los vecinos ha concluido con el escrutinio de los votos de la ciudadanía. Con ellos han decidido que Ayuntamiento se haga cargo de recuperar la antigua estación de ferrocarril de Horna,  que fue la iniciativa más respaldada en el bloque de proyectos con un coste de 50.000 a 100.000 euros. Así pues, esa es la inversión mínima que el Ayuntamiento está obligado a ejecutar el próximo año.

El alcalde Adrián Serna avanzó ayer a DB que el grupo de gobierno ya tuvo hace un par de meses una reunión con representantes de Adif (antigua Renfe) precisamente para hacerse con el alquiler o compra de la estación, al haber fondos europeos que podrían facilitar su recuperación. «Sabíamos que existía esta demanda social y ahora lo hemos confirmado», señaló el regidor que comenzará a buscar qué línea seguir, si la del alquiler o compra para devolver la dignidad a la abandonada estación de Horna. De lograr fondos europeos o surgir una idea de mayor coste, adelanta que incluso la inversión podría estar por encima de los 100.000 euros. «Lo primero es evitar que los edificios se caigan», sostuvo Serna, quien avanzó que entre las posibilidades que se han pensado está la de acondicionar la estación como un negocio de hostelería al pie de la nueva Vía Verde del Santander-Mediterráneo.

En total se presentaron 82 proyectos, de los que el grupo de gobierno seleccionó 52 para las votaciones, puesto que los descartados superaban con mucho los costes previstos o eran competencia de otras administraciones, entre otras cuestiones. Entre los pasados días 1 y 8 de este mes 174 vecinos votaron de forma presencial en la Oficina de Turismo y la Casa de Cultura o a través de internet, lo que arroja una cifra bastante baja teniendo en cuenta que podían hacerlo los 3.576 villarcayeses mayores de 16 años. No obstante, el alcalde adelanta que es lo «habitual en la primera ocasión que se plantean unos presupuestos participativos». Serna se muestra convencido de que  la participación de la ciudadanía aumentará en próximos años, cuando se compruebe que se ejecutan los proyectos ahora elegidos.

En el segundo bloque de proyectos, con un presupuesto de 20.000 a 50.000 euros, el más votado y que se reflejará en los presupuestos de 2023 es la puesta en marcha de un transporte urbano entre Villarcayo y Medina de Pomar. Para ello, el regidor tratará de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento medinés y avanza que se pondrá en marcha una experiencia piloto con un autobús pequeño que se ampliaría en tamaño y periodicidad en función de la demanda de los usuarios.

Más votada. La organización de una Feria de Caza, Pesca y Gastronomía, con 85 votos fue la propuesta con mayor respaldo y la elegida en el marco de los proyectos de 10.000 a 20.000 habitantes. En este apartado se ejecutará también la iluminación del paseo de la ciénaga. En respuesta a los votos de proyectos de menos de 10.000 euros se instalarán más fuentes en la villa y se abrirán los caminos, ahora llenos de maleza, que conectan con Quintanilla Socigüenza.

La Fundación quiere la Mikado en Alicante

Tras la última realizada por el Consistorio para que la locomotora de vapor Mikado permaneciera en la estación de Horna y fuera restaurada, teniendo en cuenta el elevado coste de su transporte y la peligrosidad de que durante su izado sufra daños, la Fundación de Ferrocarriles Españoles insiste en que viaje a Alicante. Su Museo del Ferrocarril es el destino que la fundación quiere para la máquina, una de las 18  que quedan en España.

La fundación ya no confía en el compromiso del Consistorio con la restauración de la máquina tras 30 años de abandono y argumenta que tiene suscrito un acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante. La salida de la Mikado es parte de un acuerdo judicial tras el pleito iniciado por la Fundación por el incumplimiento reiterado del Consistorio de sus deberes de conservación. No obstante, está dispuesta a abonar el sobrecoste por encima de los 40.000 euros que tenga el transporte. Así, el Ayuntamiento deberá pagar 108.000 euros de la indemnización pactada en los tribunales y 40.000 del transporte.