Alrededor de un centenar de abogados, procuradores y graduados sociales se concentraron ayer frente a la sede de los Juzgados de Reyes Católicos para reclamar un acuerdo que ponga fin a la huelga que desde el 17 de abril mantienen los funcionarios de justicia y que está causando una situación «insostenible» en los tribunales. Una protesta a la que se sumaron profesionales de los otros seis partidos judiciales de la provincia, así como los técnicos forenses de los equipos psicosociales, que también reclaman desde hace años unas condiciones laborales dignas. Todos ellos criticaron duramente la ausencia de un consenso político que ponga fin a unas protestas que iniciaron a principios de 2023 los letrados de la administración de justicia, pero también lo que consideran un «fraude» de algunos trabajadores que camuflan sus paros en los servicios mínimos. 

El más duro en este sentido fue el decano del Colegio de Procuradores, Elías Gutiérrez, quien denunció que el «derecho de huelga no puede cercenar otro recogido por la Constitución, como es el de la tutela judicial efectiva». En este sentido, señaló que «hay ciertas personas que vienen a trabajar como servicio mínimo y que no mueven un papel porque están de paros. Si realmente lo están, que se queden en su casa, porque si no, están engañando». E insistió en la necesidad de que sea el Ministerio el que analice esta situación para «acabar con ella de una vez».  

Gutiérrez fue más allá y aseguró que si la administración no toma cartas en el asunto, empezarán las demandas judiciales contra «aquellas personas que están trampeando su derecho a la huelga». Y concluyó que «debemos señalarles, con nombres y apellidos, porque lo que están haciendo es un fraude al sistema».

Su homóloga en el Colegio de Abogados, Mónica Pérez Villegas, también quiso llamar a la «responsabilidad» de las partes para poner fin a una «situación insostenible» en los juzgados (...).

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