Las decenas de seteros de origen rumano que se concentraron en Canicosa de la Sierra en septiembre de 2015, cuando un espectacular brote de boletus colmó los montes del entorno, iban por libre, vendían al mejor postor y dormían donde podían. Por «caridad» y «para evitar problemas», el empresario José Antonio A.P. les dejó instalarse en una nave de su propiedad, de la que entraban y salían con total libertad, según la versión que ofreció ayer durante su declaración en la primera sesión del juicio que se sigue contra él y contra su supuesto socio, el ciudadano rumano Cosmin L., como presuntos autores de un delito de tráfico de personas y otro contra los derechos de los trabajadores.

Prácticamente toda la declaración de los dos acusados estuvo encaminada a desmontar la versión de la Fiscalía, que sustentada en el atestado de la Guardia Civil sostiene que en la nave se hacinaban cerca de 200 personas, obligadas a trabajar durante muchas horas cada día tras haber sido atraídos con la promesa de un contrato de unos 2.000 euros mensuales y un alojamiento digno. El empresario negó que se pudiera establecer una relación contractual con estos recolectores, que asemejó a los temporeros, porque sus ingresos dependen de lo que consigan cada jornada y porque había días de lluvia y frío en los que no salían al monte, y otros con mejor tiempo que tampoco, por las borracheras que cogían la noche anterior.

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