La posibilidad de anticipar la edad de jubilación que propone el Gobierno de España para aquellos oficios con mayor siniestralidad y penosidad laboral ha despertado la curiosidad y el interés de los trabajadores burgaleses en las últimas semanas, sobre todo tras los últimos anuncios de la responsable de la Seguridad Social, la ministra Elma Saiz, multiplicando las consultas en los sindicatos, los departamentos de recursos humanos, las asesorías laborales y la propia Seguridad Social, por si la puerta del final de una vida de trabajo se abre antes de tiempo.

La respuesta en todas las ventanillas ha sido la misma: no es un proceso aún abierto, pero sí será una realidad «en las próximas semanas» (sin precisar más). Solo esta posibilidad ha activado a los trabajadores asiduos a estas ventanillas, los que ven más cerca la meta de la jubilación. Su edad oscila entre los 61 y 63 años, y su pregunta es siempre la misma: cuánto les puede suponer económicamente en merma de pensión anticipar su salida del mercado unos pocos años e incluso meses.

Ahora tienen el caramelo de que las ocupaciones con una alta penosidad, muchas bajas y siniestralidad pueden tener más cerca la jubilación, como ya ocurre con los mineros (también de canteras, graveras y areneras), los policías y guardias civiles, los bomberos (pronto los forestales), los mecánicos mercantes o los cocineros de alta mar, que sobrecotizan más por cada año para anticipar su salida.

Se está hablando, sin precisar más, de los transportistas, de algunos oficios de la construcción que se desarrollan a la intemperie y sometidos a grandes esfuerzos físicos, del sector asistencial en domicilio y residencias, de las azafatas y mozos de vuelo, entre otros. También hay convenios en negociación -como ocurre con las empresas de transporte de mercancías y viajeros y de construcción y mantenimiento de parques eólicos- que reclaman acogerse a la reducción de la vida laboral en su última etapa.

La Seguridad Social insiste en la respuesta del 'ahora no toca', pero lo fía a semanas. «El nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores a la edad de jubilación no está operativo y, lógicamente, no hay demandas aún», puntualiza el organismo.

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