Pese a la evidencia de que con un sólo juzgado mercantil era muy complicado afrontar una crisis económica, los tiempos de respuesta y el nivel de resolución de la sala de Burgos entre 2008 y 2016 fueron bastante aceptables. Tras esta ajetreada época, el magistrado titular, José María Tapia, solicitó el traslado al País Vasco. Desde entonces, la provincia carece de un juez o jueza experto en asuntos tan específicos como los concursos de acreedores o las liquidaciones de empresas. La tormenta perfecta que se preveía por la covid-19 o la inflación ha quedado en fuegos de artificio, pero a cambio centenares de personas físicas han acudido a los tribunales para regularizar su situación de deuda en base a la ley de segunda oportunidad.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce su preocupación por la situación que se avecina en esta unidad judicial.
La titularidad del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos ha sido una auténtica patata caliente en los últimos siete años. Tras la marcha de Tapia, un juez se hizo cargo de los asuntos en una época de menos movimiento. En plena pandemia, dicho magistrado se marchó 12 meses a Estrasburgo para realizar un curso. Y ahí empezaron los problemas. La jueza de Primera Instancia 8 se hizo cargo hasta encontrar un sustituto, pero ni siquiera hubo voluntarios y el TSJCyL tuvo que tirar de la bolsa regional. Es decir, de un profesional sin plaza que sólo pudo capear el temporal hasta la reincorporación del titular.
El regreso del juez fue un visto y no visto, pues apenas medio año después el Consejo General del Poder Judicial le adjudicó una plaza en la Escuela Judicial, con lo que el órgano Mercantil de Burgos volvió a quedarse descabezado y, una vez más, no hubo candidatos para sustituirle. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sacó la plaza en comisión de servicio por seis meses. Una situación temporal que caducó a finales del pasado 2023 y que no se renovó. Y todo este trasiego está dejando un mal poso.
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