El Ministerio de Sanidad publicó hoy jueves el informe de evaluación anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España. El estudio revela que durante el año pasado se registraron 766 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales se llevaron a cabo 334 prestaciones, lo que supone un 24,8 por ciento más de solicitudes de eutanasia que el año anterior. En Castilla y León, se anotaron 27 solicitudes (dos más que el año anterior, lo que supone un 8 por ciento de incremento), de las cuales se acabaron realizando una docena, el 44 por ciento, una ratio idéntica a la contabilizada en el conjunto del Estado.

Por comunidades, la que registró mayor volumen de solicitudes con diferencia fue Cataluña, con 219 (el 28,6 por ciento del total del Estado). A gran distancia aparece Madrid con 89, Canarias con 62, País Vasco con 58, la Comunidad Valenciana con 56, Andalucía con 43, Galicia con 41, Baleares con 37 y Asturias con 33. Donde más prestaciones de ayuda a morir se realizaron fue en Cataluña con 94, País Vasco con 47, Madrid con 35, Comunidad Valenciana con 26, Canarias con 25 y Andalucía con 24.

Según recuerda el estudio, consultado por Ical, la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), que entró en vigor el 25 de junio de 2021, nació para dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual introduciendo un nuevo derecho individual en nuestro país.

Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han atendido en toda España 1.515 solicitudes de prestación de ayuda par a morir: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023. El pasado año, de acuerdo con el estudio, el perfil más frecuente es el de una persona solicitante entre 70 y 79 años (28 por ciento).

Las enfermedades de base más frecuentes entre las personas solicitantes fueron la enfermedad oncológica (35 por ciento) y la neurológica (35 por ciento). Las personas solicitantes tienen enfermedades graves y, si bien, la mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95 por ciento), un 15 por ciento estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.

En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, ha sido de 67 días de media con una mediana de 54,2 días. Un 25 por ciento de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud y el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.

La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública. En cuanto al lugar donde se realizó la prestación, el 47 por ciento de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44 por ciento se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente. El número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación es mínimo (3 por ciento), y el número de personas que solicitan aplazar la aplicación de la eutanasia una vez aprobada la solicitud supone un 4 por ciento del total.