Piden a un secretario que devuelva 158.000 euros

A.C. / San Zadornil
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El fiscal se lo reclama al de Berberana, San Zadornil y Villalba, en Merindades. El Tribunal de Cuentas dirimirá quién devuelve lo que cobró de más entre 2019 y 2021. También ve a los alcaldes responsables directos por ordenar el pago de la nómina

Imagen de archivo de Villalba de Losa, en Merindades. - Foto: DB

La denuncia interpuesta en el Tribunal de Cuentas en 2022 por la junta vecinal de Valpuesta y que DB avanzó hace un año destapó posibles irregularidades en las nóminas que cobraba el secretario municipal de los ayuntamientos de San Zadornil, Villalba de Losa y Berberana con casi el triple de cuantía que le correspondía. Tras más de dos años de instrucción, el fiscal ha presentado su demanda, en la que considera al funcionario «responsable contable directo y solidario» de 157.775 euros más intereses, que entiende debe de reintegrar a los municipios. En su escrito también ve responsables de los pagos a los regidores que ejercieron en los años investigados, 2019, 2020 y 2021, y a quienes reclama las cantidades proporcionales a cada Consistorio. Estos días van a presentar su contestación al fiscal.

Como ya indicó en su acta de liquidación provisional la delegada instructora del TCu, la exigencia de reintegrar estas cantidades se basa en que el secretario cobraba  en su nómina un complemento específico y otro de productividad «carentes de cobertura legal que justificada su pago», entre otros motivos por tratarse de un funcionario de la Subescala de Secretaría de Tercera no integrado en la Escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Esto era así porque el funcionario, que se ocupa de estos ayuntamientos de forma agrupada desde 1983, cursó Bachiller y aunque en 2021 obtuvo la titulación de graduado en Derecho «no existe hasta la fecha ninguna resolución que acredite la integración del funcionario en el subgrupo A1» que si le permitiría cobrar los complementos en discusión.

El fiscal sostiene que «el secretario no emitió informes de fiscalización de estos pagos, a lo que, en su condición de secretario interventor estaba obligado, ni formuló ningún tipo de reparo, entendiendo que eran ajustados a derecho». Este profesional confeccionaba sus nóminas y se le abonaban tras las ordenes de pago y firma de los alcaldes, que en Villalba y Berberana le habían cedido incluso el certificado digital y claves en base a la confianza que tenían en él.

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