Muchos más años como el 2023 requiere la provincia de Burgos para empezar a saldar su déficit histórico en materia de infraestructuras. No obstante, el curso pasado cerró como el mejor en cuanto a la licitación de obra pública se refiere desde el inicio de la crisis financiera de 2008.
Por aquel entonces se proyectaba que el AVE llegase a Burgos en unos años, las autovías a Logroño, Aguilar o del Duero estuvieran en construcción próximamente y el Parque Tecnológico acogiera empresas en un corto espacio de tiempo. No obstante, el estallido de la burbuja mermó -mucho- unas finanzas públicas que ahora, no obstante, parecen volver a prestar atención a Burgos.
Los 457,7 millones de euros que se pusieron sobre la mesa para obras y servicios de todo tipo en la provincia apenas tienen precedente en el 2008, cuando también sobrepasaron los 480 millones. El salto interanual es enorme: en 2022 se sacaron contratos a concurso por valor de 233,9 millones.
Por administraciones, el Estado es sin duda la que más se ha volcado con el territorio burgalés: los 59,4 millones que sacaron a concurso durante el 2022 pasaron a los 230,1 millones en 2023, un incremento del 287%. Entre las actuaciones más destacadas figura el inicio de las obras de la A-73 entre Quintanaortuño y Montorio, adjudicadas por 89,4 millones.
La Junta de Castilla y León también aumentó de forma notable -aunque menos que el Gobierno- sus licitaciones en Burgos. De 91,2 millones en 2022 pasaron a 164,3 millones en 2023, un avance del 80,2%. El reinicio de los trabajos de urbanización de la primera fase inicial del Parque Tecnológico, con 23 millones de presupuesto, son la partida más cuantiosa sin contar los 118 millones para el nuevo Hospital de Aranda de Duero.
«Burgos está siendo el territorio más favorecido en lo que llevamos de año», resumía el pasado mes de agosto Enrique Pascual, presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León. Y es que la provincia era la que mejor comparativa interanual presentaba entre todas las que componen la Comunidad.
El empuje que han liderado tanto el Gobierno central como la Junta no podría entenderse, además, sin tener en cuenta las convocatorias electorales que marcaron el transcurrir del 2023. A finales de mayo se celebraron comicios municipales, mientras que en julio las urnas volvieron a abrirse para elegir a los diputados y senadores.
Sin embargo, los ayuntamientos no siguieron ese impulso licitador y retrocedieron en comparación con cursos precedentes. Los 836,3 millones certificados en 2022 se quedaron lejos de los 63,4 millones del 2023, un recorte interanual del 23,9%.
En el conjunto de Castilla y León, la licitación de obra pública alcanzó a lo largo del año pasado los 2.433 millones de euros, un 43,6% más que durante el 2022, cuando los contratos que se sacaron a concurso estuvieron valorados en 1.695,3 millones.
Los pronósticos que lanzaron desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León han estado a punto de cumplirse, ya que su presidente, Enrique Pascual, cifró en 2.500 millones la cuenta final. No obstante, esta cifra se queda muy lejos de los importes cosechados entre 2008 y 2009, cuando se sacaron a concurso construcciones públicas por 4.900 millones.