El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad y que fue aprobada por el Pleno el pasado 19 de julio.
Los socialistas ya anticiparon en la sesión plenaria que presentarían este recurso en el juzgado, ya que defienden que la ZBE no es una opción sino un «imperativo legal» y lo que ha hecho el Gobierno de coalición del PP y Vox ha sido tratar de burlar la norma al restringir Burgos Central «al centro histórico» y «conformándose con la inclusión de alguna calle aledaña (entorno de la Audiencia Provincial) y una pequeña área (sur del puente San Pablo) cuyo efecto será desplazar las emisiones al entorno inmediato del cordón de cierre de la ZBE por ese frente sur.
Prosiguen los socialistas que «la gran mayoría de las calles incluidas en la ZBE», alrededor del 90%, ya son peatonales con acceso restringido regulado de vehículos a motor «desde hace más de una década, a lo que hay que añadir que, además, excepciona a quienes ya acceden sin importar la categoría contaminante del vehículo».
El PSOE defiende que el PP y Vox han convertido la «discrecionalidad» que se le concede en sus competencias con la «arbitrariedad» y añade, entre otros aspectos, que la ordenanza es «ilegal», ya que no cumple con «la obligación de estimar la superficie contaminada y población expuesta a la contaminación que determinan y justifican la delimitación de la ZBE a una área concreta, confundiendo ambas magnitudes con la superficie total y la población global del centro histórico que, por su carácter peatonal, no alberga ni superficie contaminada, ni población expuesta a la contaminación».
Otro punto que entienden los socialistas que incumple la ordenanza es que la ley establece que «se debe promover la mejora de la calidad del aire en todo el municipio y no exclusivamente en la zona afectada» y eso no ocurre.
Critican también que la concepción de la ZBE «como una isla pequeñita desprovista del acompañamiento de otras acciones sobre el transporte público o la ciclabilidad» lo que hacen es «abortar cualquier posibilidad de efecto sobre modificación de hábitos del ciudadano».
Dicho de otra manera, el PSOE defiende que estas zonas son «una herramienta más que, si no viene acompañada, o inserta, en un proyecto de transformación de la movilidad que incluya toda la ciudad y todos los instrumentos oportunos, no sirve más que para peatonalizar un área» y recuerdan que el PP y Vox quieren gastarse lo mismo en una ZBE reducida a un tercio.