Tras la reunión mantenida la semana pasada en el más absoluto silencio entre la Consejería de Educación y los máximos responsables académicos públicos de Burgos, León, Valladolid y Salamanca, ayer llegó el momento de informar al Consejo de Gobierno de la UBU sobre el contenido de la misma. El rector, Manuel Pérez Mateos, centró su intervención en la respuesta recibida por parte de la titular del departamento regional, Rocío Lucas, respecto a la petición del grado de Medicina, cuya negativa inicial, que no rotunda, se justificó en la falta de disponibilidad presupuestaria para implantar un grado «muy costoso» que también reclama el campus leonés, tal y como adelantó este periódico.
Pérez Mateos avanzó que la institución académica seguirá insistiendo en esta reivindicación histórica y rechazó de lleno el cálculo realizado por la Consejería, que estima en 25 millones euros la creación de una facultad. «Discrepamos con esa cifra y no la compartimos», subrayó, al tiempo que aseguró haber solicitado detalles sobre ese cálculo, como si incluye o no la construcción de nuevos edificios, «sin que me aclara este extremo», proponiendo en este sentido que «nos sentáramos para estimar el presupuesto de manera conjunta». Además, recordó que en la memoria de solicitud remitida por la UBU en abril se realizó una valoración de costes de en torno a siete millones de euros, «que podrían llegar a ser ocho», sin que «se nos haya comunicado que exista discrepancia sobre esa cuantía».
Después del encuentro de la semana pasada, no se prevé por el momento ninguna otra reunión del Consejo de Universidades, al igual que tampoco se ha manifestado «expresamente» la intención de volver a debatir esta cuestión con Educación. En este punto, el rector fue más allá y consideró que la decisión sobre la implantación del grado Medicina corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta. «Entiendo que la Consejería no tenga esa disponibilidad presupuestaria, ya que podría hipotecar el desarrollo del sistema universitario, por lo que deberá trascender al Ejecutivo autonómico», afirmó.
Sin dejar de lado la parte económica, el máximo responsable académico recordó que la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOSU) recoge que el 1% del PIB deberá destinarse a la financiación de las universidades, lo que, según precisó, supondría alcanzar los 650 millones de euros en Castilla y León frente a los 420 millones de la actualidad. «Existe un amplio margen de mejora», expuso.
Lejos de mermarse las esperanzas tras esa última reunión, Pérez Mateos anunció que la UBU seguirá insistiendo en la petición porque «estoy convencido de que Burgos tendrá sí o sí una facultad». Valoró que ese horizonte «será más tarde que temprano», si bien se mostró contundente en sus afirmaciones por cuando «existen muchas razones objetivas, una demanda social y una necesidad clara». Fue en este punto en el que se refirió al HUBU, así como a los hospitales de Aranda y Miranda, que «requieren de este grado para atraer a mejores profesionales y, sobre todo, para retener a los que ya están», además de incidir en la falta de médicos y en que el número de egresados que cada año salen de las universidades de Valladolid y Salamanca no cubre las vacantes MIR asignadas a la región.
A modo de resumen, subrayó que «esta situación nadie la discute y por eso tendremos Medicina; existe ningún motivo para que no la tengamos todos los campus públicos de la Comunidad, como sí que ocurre en el resto de Autonomías». En su intervención ante el Consejo de Gobierno, aplaudió la postura mantenida por el rector de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, quien no entró a valorar las solicitudes de León y Burgos, limitándose a asegurar que «sus razones tendrán», algo que no ocurrió con el de Salamanca, Ricardo Rivero, quien se mostró en contra y apoyó la postura de la consejera.