Si hace dos años el Ayuntamiento entendió que era necesario y obligado sacar a concurso el contrato para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ahora ha cambiado de opinión y entiende que no es necesario licitar estos trabajos para que, en libre concurrencia, las empresas que así lo consideren pujen por ejecutar la compra e instalación de las cámaras y puntos de control que se colocarán en el perímetro de Burgos Central. El concejal de Movilidad, José Antonio López, ratificó ayer que el Gobierno de coalición del PP y Vox entienden que existe un atajo que evita sacar un concurso y es el de la modificación del actual «contrato de gestión del tráfico». El edil popular defendió que es una fórmula perfectamente válida y puso como ejemplo que este camino lo han seguido ciudades como Vigo oSalamanca.

Viene al caso recordar que el área de Ingeniería Industrial y Tráfico, la misma que ahora ha encontrado un nuevo camino para la implantación de Burgos Central, ya licitó la ejecución de los trabajos de la Zona de Bajas Emisiones, pero el Juzgado, tras una denuncia del PP en el pasado mandato, anuló el contrato firmado con Etralux (después de haberlo suspendido cautelarmente). Entre otras cosas, por haberse licitado y adjudicado sin tener aprobada previamente una ordenanza que regulara la ZBE.

Este conflicto judicial complicaba que la ciudad pudiera tener implantada la Zona de Bajas Emisiones dentro del plazo que había concedido el Gobierno y el Ayuntamiento, consciente de que no llegaba a tiempo (no tenía aprobada ni la ordenanza), decidió solicitar una  prórroga. En lugar de volver a licitar un nuevo contrato, la decisión del equipo de Gobierno, una vez escuchados a los técnicos de Ingeniería Industrial, fue no sacarlo a concurso. Lo que se hará es encargar los trabajos a Etralux, que coincide que fue la adjudicataria del contrato anulado y es también la empresa que se encarga del contrato de gestión del tráfico.

López no precisó cuánto va a pagar el Ayuntamiento por una Zona de Bajas Emisiones que ya no tendrá la misma dimensión que la que diseñó en su día el Gobierno de coalición del PSOE y Cs. De hecho, el actual Ejecutivo presume de haberla reducido a un tercio. Está por ver si el desembolso cae en la misma proporción.

A la vista del criterio que se ha seguido, el Ayuntamiento entiende que la implantación de la zona de emisiones encaja dentro de un contrato de servicios pese a que, al menos en origen, se contemplaba la ejecución de obra para la instalación de los puntos de control.

En plazo. Aunque a día de hoy, a falta de poco más de cinco meses de que termine el año, no se ha modificado contrato alguno y no se ha ejecutado ningún trabajo, el concejal de Movilidad se muestra convencido de que la implantación de Burgos Central estará lista antes del 31 de diciembre y, por tanto, no se perderán los fondos europeos.