La Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea Pedro Sánchez para recortar los plazos de la instrucción judicial «no va en la dirección correcta». Las palabras de advertencia no vienen de la oposición, salen de boca de la vicepresidenta tercera del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el aviso supone una pequeña brecha al ya de por sí complicado acuerdo de Gobierno del PSOE.

No es que Sumar vaya a dar un puñetazo en la mesa, de momento ya tiene bastante con desalojar a Podemos de los despachos del Congreso, pero lo cierto es que esa llamada de atención tiene que encender las alarmas de Sánchez respecto a una ley de amnistía que se tuerce irremediablemente, toda vez que tampoco convence a los independentistas.

Y es que, después de que Junts no la apoyara, reclamando nuevos cambios para blindarla ante las acciones de los jueces, el Gobierno ha querido activar un 'plan b' para lograr el visto bueno de sus socios. La solución, esa que Yolanda Díaz advierte que no va por buena vía, pretende acortar los plazos en las instrucciones judiciales y evitar que se prorroguen excesivamente en el tiempo. Se trata de un objetivo buscado hace tiempo, pero que no termina de gustar en la judicatura. 

La excesiva duración de las investigaciones de los sumarios es un problema perenne en el sistema penal español, pero ninguna de las modificaciones que se han planteado hasta ahora han terminado de dar en la tecla correcta.

Con este panorama, es normal que a Yolanda Díaz le den vértigo las prisas de Sánchez por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La líder de Sumar ha empleado palabras como «prudencia» y «vigías» sobre un proceso que entiende que se tiene que acometer «con plena solvencia», debido básicamente a la cantidad de aristas e implicaciones que puede llegar a tener.

Con todo, Díaz tira la piedra y escode la mano, porque, tan rápido como alerta a Sánchez del mal rumbo se enroca reconociendo que no conoce la propuesta que se está negociando. Un nadar y guardar la ropa que, a estas alturas del pacto de Gobierno, no desconcierta, pero que sirve para representar a la perfección las complejidades de la aritmética parlamentaria.

Y todo esto comentado ante la prensa en los pasillos del Congreso, esos mismos en los que, sin asumir que han sido ellos, han desterrado a los diputados de Podemos. La formación morada ha puesto denuncia incluso ante la Policía, por un allanamiento con fuerza. Ante esta situación alguien también tendría que advertir que no se va en la dirección correcta.