Las sentencias pactadas y reducidas ya son mayoría

FERNÁN LABAJO / Burgos
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Seis de cada diez fallos dictados por los magistrados provienen de acuerdos entre el acusado y el Ministerio Fiscal, una tendencia que se ha disparado en dos años

Los jueces velan por la legalidad de los pactos. - Foto: Jesús J. Matías

Abogados y fiscales son muy conscientes de que en determinados procesos judiciales están condenados a entenderse tarde o temprano. Asuntos en los que conviene un pacto en el que el resultado sin duda es mucho mejor que entrar en sala. Los propios jueces promueven el acercamiento entre las partes, sobre todo en ciertos casos penales como pueden ser aquellos relacionados con el tráfico de drogas y la seguridad vial, en aras también de desatascar los tribunales. Y esta dinámica de pactos es cada vez más habitual en los juzgados burgaleses.

Durante la pandemia fueron muchos los fiscales que incentivaron esa política de conformidades en determinadas jurisdicciones para afrontar el colapso que se avecinaba tras meses de parón por el confinamiento. Ese mismo año se incrementaron considerablemente. Una subida que no ha hecho sino crecer hasta el punto de que los pactos son ya una mayoría palpable en los tribunales.

Según la memoria del Ministerio Fiscal, en el año 2023 se alcanzaron 1.188 acuerdos en los juzgados de instrucción, los penales y la Audiencia Provincial. Teniendo en cuenta que estos órganos dictaron un total de 2.192 sentencias, tal y como reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial, el porcentaje de conformidades fue del 58%. Es casi diez puntos superior al del anterior ejercicio y casi un 20% más que el de 2021. Dicho de otro modo, seis de cada diez juicios se cancelan porque las partes pactan una rebaja de la condena.

Esta tendencia es fruto del convencimiento de abogados y fiscales de que los acuerdos no sólo pueden ser muy positivos para las partes, sobre todo en determinados procedimientos como los urgentes de los juzgados de instrucción, donde se alcanzan la mayoría en juicios rápidos, sino que también sirve para desatascar y ahorrar dinero a la Administración de Justicia. Cabe recordar de que el Ministerio Público y los letrados suscribieron hace más de una década un convenio para promover las conformidades.

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