El progresivo incremento del gasto corriente y de los gastos de personal en el Ayuntamiento de Burgos condicionan cada vez más las inversiones que el Ejecutivo municipal puede incluir en el Presupuesto. Si bien en los ejercicios pasados, el bipartito había podido sortear las dificultades para cuadrar las cuentas con previsiones moderadas de obtención de ingresos por la venta de patrimonio (inmuebles y solares), de cara a 2023 lo que se ha hecho es inflar estas estimaciones con cantidades que no tienen precedentes en la última década.
En el Presupuesto de 2023, el Ejecutivo del PSOE y Cs ha fiado la realización de inversiones valoradas en 7,4 millones de euros a obtener ingresos por la venta de lo que se conoce como Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Dicho de otra manera, el Ayuntamiento solo podrá gastarse ese dinero si antes consigue hacer caja con la enajenación de bienes. Algo altamente improbable. Entre las propiedades puestas a la venta figuran el edificio municipal ubicado en el número 2 de la plaza del Rey San Fernando y terrenos en Fuentecillas, la antigua estación y Manuel de la Cuesta.
Hay que remontarse hasta el año 2012 para encontrar en el Presupuesto un volumen de inversiones tan elevado condicionado a la venta de suelo. Gobernaba entonces el PP con mayoría absoluta y se estimó que el Ayuntamiento de Burgos obtendría alrededor de 12,5 millones de euros por esta vía. Sucedió lo mismo en 2011 y el resultado fue que un año entraron en caja 500.000 euros y en el siguiente incluso menos.
El PSOE, entonces en la oposición, fue muy crítico con esta práctica del PP, ya que acusaba a los populares de aprobar unas cuentas ficticias. Cierto es que no es lo mismo estar en la oposición que en el Gobierno y prueba de ello es que los socialistas han terminado por hacer lo que antes criticaban. Del mismo modo que el PP recrimina ahora lo que antes defendía.
Es cierto que tras esa previsión exagerada de ingresar por esta vía 15 millones en 2011 o 12,5 en 2012, las cantidades se fueron moderando, ya que en el Presupuesto de 2013 se estimaron 5 millones en ingresos, en 2014 la cifra bajó a 1,5 millones y en 2015 se elevó de nuevo a 6,6. En 2017, el PP, ya en minoría, se vio obligado a pactar con el PSOE las cuentas y estimó que obtendría 2,3 millones.
No hubo más presupuestos aprobados (se fueron prorrogando) hasta que esta última legislatura se alcanzó el pacto entre el PSOE y Cs. No abusó el bipartito de esta estrategia en sus inicios, ya que en 2020 estimó ingresos por venta de patrimonio por valor de 2,8 millones, en 2021 solo contempló obtener 700.000 y en 2022 poco más de un millón de euros.
A nadie se le escapa en la Corporación que esas previsiones de ingresos son ficticias, como lo demuestra la vía de los hechos, y la realidad es que las inversiones fiadas a la venta de suelo solo podrán disponer de crédito en el caso de que el equipo de Gobierno decida incluirlas en una de las modificaciones presupuestarias del próximo año. Las que se realizarán con las decenas de millones de euros de los que podrá disponer el Ejecutivo procedentes de los remanentes de tesorería. Así se ha hecho en los ejercicios pasados y así es como se piensa volver a hacer. Eso sí, conviene no olvidar que 2023 es año electoral y la aprobación definitiva no se producirá hasta entrado el verano. Es decir, con escaso margen de unos meses para hacer realidad licitaciones en muchos casos complejas.
¿Por qué los diferentes gobiernos municipales, independientemente del color político, presupuestan unos ingresos que son conscientes que no van a obtener? Existen dos explicaciones. Una de ellas es que el Ejecutivo de turno puede vender unas cuentas más lucidas y no dar explicaciones por olvidos y la otra, más vinculada a la gestión, obedece a que tener esas previsiones en el Presupuesto permite avanzar en la tramitación de los expedientes. Es cierto que no se pueden adjudicar las inversiones pero sí dejar buena parte del camino andado.
Fiadas a la venta de suelo están las siguientes inversiones en el Presupuesto de 2023: la remodelación de la calle Fernán González (930.000 euros), actuaciones en los distritos (1,7 millones), mejoras en los polígonos industriales (3 millones), la reparación del polideportivo Carlos Serna (300.000), el inicio de las obras del futuro centro cívico de Fuentecillas (540.000), otras inversiones a realizar desde Medio Ambiente (300.000), la liquidación de algunos proyectos (320.000) y un gasto sobre gestión de patrimonio (300.000).
Frente a esos gastos, la Gerencia de Fomento ha incorporado a la documentación del Presupuesto una relación de bienes del Ayuntamiento que estarían a la venta y cuyo valor total alcanza los 12 millones de euros.
El de mayor valoración es el edificio ubicado en el número dos de la plaza del Rey San Fernando, tasado en 3,6 millones de euros. Junto a este inmueble figuran tres parcelas de Fuentecillas Norte (2,2 millones), otras dos en la antigua estación (casi 3 millones en total), una del llamado PERI de Cellophane (2 millones) y una actuación aislada en la calle Manuel de la Cuesta (1,1 millones).
Aunque el listado ha crecido, casi todos estos bienes llevan años figurando en el Presupuesto como enajenables y la realidad es que no se ha vendido nada.
Lo que parece que va a volver a convertirse en tradición es ver en el Presupuesto cantidades millonarias de inversiones fiadas a la venta de patrimonio, que casi con toda seguridad solo se ejecutarán si se habilita crédito procedente de los remanentes de tesorería.
Lo que es una realidad es que con un presupuesto que eleva cada año el gasto corriente y de personal en varios millones de euros, cada vez se antoja más difícil mantener el volumen de inversiones sin aplicar una subida de impuestos. Pese a la contradicción aparente de poder disponer a mediados de año de decenas de millones de euros procedentes de los remanentes. Al menos, mientras el Gobierno mantenga la suspensión de las reglas fiscales, que a ayuntamientos como el de Burgos les ha dado un importante oxígeno.