El 29 de diciembre de 2021 estaba fijada la firma de un nuevo protocolo o convenio de colaboración entre los gobiernos de Castilla y León y el País Vasco en numerosas materias, entre ellas la sanitaria. La inesperada convocatoria electoral frenó el avance de los acuerdos alcanzados, hasta el punto de que la ampliación del protocolo sanitario con la comunidad vecina sigue esperando dos años después. El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, acaba de dar a conocer el motivo: "el veto ante la actual composición del Gobierno de Castilla y León", que en 2021 formaban PP y Ciudadanos y ahora, PP y Vox. Frente a ello, los alcaldes de Villarcayo, Adrián Serna (PP), y Mena (Por Mena), José Ranero, claman porque se dé prioridad a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos frente a la política o la composición de un gobierno con Vox, mientras el medinés (PSOE), Isaac Angulo, menos crítico con la región vasca, se limita a afirmar que "es un tema interno del Gobierno vasco y se ajusta a la ley".
El regidor villarcayés, uno de los impulsores de una vieja reivindicación comarcal, lamenta que prevalezca "un interés partidista y no se piensa en la ciudadanía". "Qué más da quien gobierne, si el gobierno está dentro de los límites constitucionales y hablamos de convenios que van a mejorar la vida de los ciudadanos, tanto de los castellanoleoneses como de los vascos que vienen a Merindades", se pregunta.
Para Serna, el hecho de que el gobierno castellanoleonés presentara al vasco un acuerdo que incluía toda la comarca y que permitiría a sus vecinos elegir entre la atención especializada y hospitalaria en Burgos o en Vizcaya, algo que ahora solo pueden hacer los de las zonas de salud del Valle de Mena y Espinosa, "fue un avance muy positivo, porque desde aquí se convenció a la Junta de Castilla que lo ve claro y lo está peleando".
Desfasados. Fue el grupo parlamentario socialista en las Cortes regionales el que instó a revisar los protocolos generales de colaboración con varias comunidades, entre ellas el País Vasco, porque fueron firmados entre 2008 y 2012 y "se encuentran absolutamente desfasados y desactualizados". Por ello, Serna mira hacia los ahora socios de gobierno del PNV en el País Vasco, el PSE, y les invita a defender los intereses de los ciudadanos.
La no renovación del protocolo suscrito en 2012 entre Castilla y León y el País Vasco no parece que vaya a limitar la atención sanitaria que ya reciben Mena y Espinosa, pero el alcalde menés, José Ranero, advierte que "desde el Ayuntamiento pelearemos donde corresponda para conseguir que, si no se pueden mejorar, como mínimo se mantengan las condiciones actuales". A ello añade que "no es de recibo condicionar en ningún caso la calidad de la prestación de los servicios a la ciudadanía, máxime unos tan importantes como los servicios sanitarios, a la condición y tipo de los acuerdos de gobierno de cada comunidad" y espera que "el sentido común, la eficacia y la eficiencia triunfen sobre otro tipo de cuestiones".
Serna también espera "una solución política", pero el regidor medinés no: "No veo que esta legislatura pueda ampliarse el convenio con Osakidetza". "Creo que la Junta de Castilla y León nunca ha tenido interés en este acuerdo", zanja. Eso sí, los alcaldes coinciden en la necesidad de dar "libertad de elección" a los vecinos, muchos de los cuales tienen a su entorno familiar en Vizcaya, algo vital en caso de hospitalizaciones. Asimismo, confían en que elevaría el empadronamiento de vascos que pasan casi todo el año en la comarca.