Cada comunidad autónoma vive su realidad como encargada de la tramitación de los «incentivos a la movilidad eléctrica» estatales, tal y como destaca el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia del Gobierno central. Castilla y León, en su caso, avanza lenta y los procesos abiertos hasta la liquidación de las cantidades aprobadas superan el año de espera. Estas inyecciones directas incluidas en el plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga se han encontrado con una realidad que dista del objetivo planteado. La Junta dispone de un presupuesto total para las nueve provincias de su territorio que ronda los 36 millones de euros, pero a fecha de 18 de octubre había liquidado 2,5 millones.
La compra de vehículos eléctricos puede contar con una bonificación de hasta 6.000 euros, si bien los ritmos de la administración pública ralentizan los trámites hasta llevar al usuario al punto de partida en algunos casos.
Carlos Castiñeiras, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, destaca que los concesionarios de coches ofrecen una alternativa por la cual descuentan del precio final esos 6.000 euros vía financiación a interés cero con un periodo de carencia de un año. Sin embargo, no siempre se resuelve la cuestión como estaba previsto. «Algunos socios tuvieron que devolver esa cantidad por no haber cobrado la ayuda al tiempo», indica.
Los usuarios destacan que el programa «no estaba bien planteado» desde su puesta en funcionamiento y ponen el acento en el largo desarrollo de un procedimiento que puede convertirse en un laberinto. «No tendrías por qué hacer los trámites por tu cuenta», resume, para apoyarse en otras iniciativas similares. «Los planes de incentivos por la compra de vehículos que han funcionado en España son los conocidos, como el Renove o el Prever. Descuentos contantes y sonantes del concesionario, el cual luego tramita con el Estado la percepción de la ayuda. ¿Por qué con los eléctricos se ha hecho de forma diferente?», plantea Castiñeiras.
Hasta el momento, en la provincia de Burgos se han registrado un total de 575 solicitudes de ayuda para la compra de vehículos (153 en lo que va de año), de las cuales se han resuelto 233 y se han liquidado 107. La proporción es sensiblemente mayor a la presentada por otras comunidades, unos números que se completan con las 3.463 peticiones recogidas en Castilla y León, 526 abonadas (un 15% del total).
El gran salto se produce en la tramitación de peticiones para conseguir la bonificación en la instalación de los puntos de recarga. Según datos oficiales de la Junta, en Burgos se han solicitado 303 ayudas (137 en 2023) y se ha abonado el pago de 5. Este 1,6% resulta llamativo, si bien cabe recordar que no todas las tramitaciones son aprobadas y algunos procesos no se completan. En todo el territorio regional se han liquidado 48 peticiones de un total de 1.898 expedientes recibidos.
Desde la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos recalcan que los vehículos híbridos enchufables pueden sumarse a este plan junto a los cien por cien eléctricos.
Este tipo de automóvil también recibe el mismo trato fiscal, donde Castilla y León marca la diferencia con la deducción planteada en el tramo autonómico de la declaración de la renta por la compra de un vehículo eléctrico. «Ahí sí se han hecho las cosas bien y de forma eficaz», valora Castiñeiras, quien remarca que por un lado van estas ventajas fiscales y por otro las ayudas del Moves. «Son subvenciones que luego hay que declarar, algo que veo bien, pero entre unas cosas y otras te vas a dos años de trámites», explica, para insistir en la necesidad de «seguir incentivando la electrificación del parque móvil de manera adecuada». «En España vamos con retraso por un cúmulo de factores, como estos incentivos mal planteados», concluye.