Las clarisas de Belorado nunca han intentado abonar las cantidades pactadas con sus compañeras de Vitoria por la compra del convento de Orduña. No existe ninguna constancia documental de intentos de pago por parte de la comunidad burgalesa ni obstáculos materiales que les hayan impedido hacerlo desde hace año y medio, según confirma a este periódico el abogado de las religiosas alavesas, Ángel Fernández de Aranguiz, que antes de que acabe de la semana presentará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca.

«A mí en absoluto me consta ni que hayan pedido un número de cuenta y mucho menos que se les haya dado un número que no correspondiera a la titularidad de mis clientes», explica a preguntas de este periódico, para desmentir las declaraciones que hizo a Telecinco el excomulgado Pablo de Rojas, líder de la secta Unión Pía de San Pablo Apóstol, en las que aseguró que las monjas cismáticas habían intentado saldar su deuda con el dinero aportado por un comprador pero que no se les había permito depositar el dinero.

De los 1,3 millones por los que se pactó la compraventa de Orduña, la comunidad de Belorado solo abonó 100.000 euros en el momento de la firma del contrato pero no ha cumplido con ninguno de los pagos semestrales que debía realizar a partir del 1 de noviembre de 2022. A finales de marzo, las clarisas alavesas contactan con el despacho de abogados, que prepara un requerimiento notarial para notificar la resolución del contrato de compraventa. El 7 de mayo comparecieron las partes en un notario de Vitoria pero en vez de solucionarse el conflicto se complicó aún más, al reclamar las burgalesas 1,6 millones por las inversiones realizadas en Orduña más una indemnización del 30% por daños y perjuicios.

A día de hoy y pese a no haber cumplido con las condiciones del contrato, «como hubo una escritura de compraventa, ahora mismo en el Registro de la Propiedad las titulares registrales (del monasterio de Orduña) son las clarisas de Belorado». De ahí que la demanda busque recuperar la propiedad para las monjas de Vitoria.En principio, el abogado descarta solicitar medidas cautelares, porque considera que no se va a producir ningún intento de «disposición» del inmueble, y porque ya existe «una condición resolutoria inscrita en el Registro» mediante nota marginal, que se aplica a supuestos de resolución de contratos en caso de impago y que tiene efectos frente a terceros.

Una vez dado este paso, ya no existe posibilidad alguna de que las clarisas de Belorado puedan cumplir con el contrato, esto es, pagar y continuar como propietarias de Orduña, por lo que será el Juzgado de Briviesca el que decida en qué condiciones se rescinde la compraventa del monasterio de Orduña, que estaba extinguido (sin uso religioso) y a la venta desde 2002.

Aún no han sido aclarados los motivos por los que las clarisas de Belorado decidieron en 2020 cambiar de población y abandonar su sede del caserío Islabe de Derio, en la que se habían instalado de forma estable desde 2012, animadas también por la abadesa de entonces, M. Pureza de María Lubián, natural de Bilbao, según su web.