La contratación de facultativos para las consultas de Atención Primaria sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que en España se obtiene mediante los cuatro años de formación MIR, es un tema candente en Castilla y León desde la pandemia, pero ahora ha entrado en fase de polémica. Primero, porque la Consejería de Sanidad ha admitido abiertamente que va a mantener esta práctica, ilegal según la normativa española vigente desde 1995, y porque cada vez son más las consultas atendidas de esta manera. Sacyl se niega de forma reiterada a especificar cuántos facultativos de este perfil ejercen en la Comunidad, pero el Colegio de Médicos de Burgos (Combu) afirma que en la provincia «ya son más de 50, seguro». Es decir, más del 15% de la plantilla.
La Consejería de Sanidad afirma en el informe de Recursos sanitarios públicos del 2022 que en las consultas de Atención Primaria ejercen 321 facultativos, por lo que la cifra de profesionales sin la especialización que se obtiene a través del programa MIR rebasa ampliamente la proporción de uno de cada diez. Tanto el presidente del Combu como el vocal de la atención ambulatoria en la junta directiva, Joaquín Fernández de Villaverde y Ángel Matía, respectivamente, destacan que esta práctica «es ilegal» y que está provocando un agravio comparativo entre profesionales porque se da la paradoja de que quienes optan por estudiar el examen MIR y cursar los cuatro años de formación para poder ejercer como especialistas cobran «bastante menos» durante ese tiempo que quienes obvian el cauce reglamentario y empiezan a trabajar nada más terminar la Universidad. «Se está desincentivando a los jóvenes y cada vez va a haber menos especialistas», asegura. La segunda vertiente es, subraya, la de la calidad de la atención que se presta. «Se está dando la circunstancia de que hay residentes que están teniendo que decidir qué hacer, o incluso enseñar, a los médicos que se supone que los tutorizan en las guardias», asegura Matía, destacando que esta situación «tiene trascendencia para la población: no solo es que está mal atendida, es que está en riesgo».
Las sociedades médicas de más peso en la Atención Primaria, Semergen y SemFyC, así como los sindicatos y los colegios profesionales, tildan de «inadmisible» esta práctica y, además de exigir una reunión con directivos de Sacyl, anuncian movilizaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, en estas organizaciones son conscientes de que en este momento no hay especialistas suficientes en España para mantener la actual estructura de la Atención Primaria. Es decir, que sin la contratación de médicos sin MIR no es posible atender la red, que en Burgos conforman 37 centros de salud y 588 consultorios (de nuevo, según datos oficiales del 2022).
«Bien formados». Facultativos como Matía tienen claro que la solución pasa por tomar decisiones «políticas» y asumir que hay que «reestructurar» la Atención Primaria. Algo de lo que se habla desde años antes de la pandemia, pero que nadie se atreve a hacer. Y otros, en cambio, no solo consideran «injusta» la polémica que se está creando, sino que apoyan a los médicos extracomunitarios sin MIR.
Una profesional que prefiere no ser citada afirma con rotundidad que su centro de salud «no funcionaría» sin estas contrataciones. Y no solo las defiende, sino que destaca la cualificación de estos profesionales. «Es gente muy bien formada, porque en sus países ya se especializaron», dice, añadiendo que, por su situación, «están casi más actualizados que nosotros».