El Ministerio de Agricultura, a renglón seguido de las movilizaciones del campo, ponía sobre la mesa en abril de este año un plan de 43 medidas que, en opinión de la Administración, respondía a las principales preocupaciones del sector agrario. Estas demandas afectaban básicamente a la simplificación y flexibilización de la Política Agraria Común para responder a las exigencias de los mercados internacionales -tanto en exportaciones como en importaciones-, al reforzamiento de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, a la mejora de los seguros agrarios en fondos y en condiciones pago de las pólizas, a medidas fiscales, financieras y laborales, al apoyo a la ganadería extensiva o a iniciativas para potenciar el relevo generacional.

Este amplio paquete de medidas, en su conjunto, venía a ser como un plan integral para el campo; pero elaborado con la urgencia de responder a las movilizaciones que se estaban produciendo y carente de un programa de política agraria del Gobierno. La propuesta se presentaba además en medio de un debate en el sindicalismo agrario que no se ha cerrado, a falta de unas elecciones únicas donde se dirima más claramente la representatividad de cada sigla a nivel estatal.

Para dar luz verde y oficializar este plan que necesitaba el Gobierno para justificar su respuesta ante el malestar del campo, Agricultura tiró inicialmente de la organización agraria más cercana -UPA-, integrada en la Unión General de Trabajadores. En busca de un mayor reconocimiento de la propuesta, y ante el rechazo de las dos organizaciones mayoritarias -COG y ASAJA-, Agricultura ofreció su reconocimiento a Unión de Uniones, organización escindida de COAG con fuerte presencia en varias comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León o Comunidad Valenciana y que con ello tuvo la visibilidad oficial estatal que hasta esa fecha le había negado el propio Ministerio no convocándola a sus mesas. UPA hizo una valoración positiva y Unión de Uniones dio su apoyo a las 43 medidas del plan, pero señalando a la vez que el mismo era totalmente insuficiente.

Frente a esta propuesta oficial de política agraria, COAG y ASAJA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España, ponían en marcha en esas mismas fechas una «unidad de acción» con una batería de peticiones reclamando soluciones concretas, comenzando por la simplificación y flexibilización de la PAC, la eliminación de mucha burocracia en las medidas de condicionalidad reforzada, el cumplimiento de las cuestiones comerciales y de la cláusula espejo para evitar importaciones masivas sin control y para facilitar las exportaciones a otros mercados, una Ley de la Cadena Alimentaria que garantizase la rentabilidad de la actividad agraria, una nueva política del agua, apoyo a las cabañas ganaderas extensivas e intensivas, una reforma laboral pensada para el campo, el relevo generacional y su permanencia en el sector, otra política de financiación, un seguro agrario con más fondos…

Balance.

Hoy, ocho meses después de la presentación de las 43 medidas, Agricultura y las OPA firmantes del plan hicieron balance, con una valoración oficial del Ministerio en la que destaca el elevado nivel de desarrollo en la ejecución de las iniciativas pactadas: casi un 75%. Objetivamente, se puede hablar de un aceptable nivel de cumplimiento en el conjunto de medidas relacionadas con las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM), en líneas generales aceptando la mayor flexibilidad que demandaba el sector en el marco de las exigencias de la PAC, pero sin llegar a la simplificación y menor burocracia que demandaba el sector.

En materia de la gestión del laboreo y los riesgos de degradación de los suelos, no se permitirá la labranza en dirección de la máxima pendiente cuando la misma sea igual o mayor del 10%, con excepciones cuando la parcela sea igual o inferior a una hectárea. Agricultura flexibiliza las exigencias sobre la cobertura mínima de los suelos desnudos en periodos sensibles, pero mantiene, entre otras cuestiones, labores verticales sobre los rastrojos y abonado en verde desde la recolección hasta el 1 de septiembre. En los barbechos se podrán aplicar abonos orgánicos y purines todo el año. Sobre la rotación de cultivos, se flexibiliza la medida dando la posibilidad de su cumplimiento siempre que rote una tercera parte de la superficie cada año y que la tierra lo haya hecho en la totalidad de la explotación. Se elimina la exigencia de dejar un porcentaje mínimo de tierra agrícola dedicada a superficies y elementos no productivos. Un punto importante es la exención de controles y penalizaciones en los casos de beneficiarios que declaren 10 o menos hectáreas.

Para todo el territorio nacional se plantean medidas de simplificación y flexibilización en el conjunto de los ecorregímenes, tanto en el caso de tierras de cultivo donde se elimina el límite máximo de barbecho como en los pastos, con reducción de cargas ganaderas, o en los cultivos leñosos, donde se permite aplicar tratamientos fitosanitarios puntuales.

Cuando la Administración reclame fotos geoetiquetadas al agricultor para el control de su actividad, la aportación será voluntaria y, si el agricultor no la facilita, la Administración deberá hacer el control por otros medios. La puesta en marcha del cuaderno digital de explotación será de carácter voluntario y el Ministerio deberá conceder ayudas para la creación y prestación de servicios de asesoramiento digital para la formación.

En el marco de una mayor flexibilización para la aplicación de la política agraria, se retrasó del 30 de junio de 2024 a la misma fecha en 2025 la introducción obligatoria de la identificación electrónica en el bovino. La aplicación del Plan Sanitario Integral se aplazó desde el 18 de mayo de 2024 al uno de junio de 2025 para que además sea voluntaria la figura del veterinario de explotación. El Plan de Bienestar Animal se aplicará desde 2027.

Sobre la nutrición de los suelos, se propone retrasar su entrada en vigor y flexibilizar los requisitos en la aplicación de estiércol o purines. Y frente a la posibilidad de que la explotación agraria sea un foco permanente de inspecciones, se plantea que haya solo una cada año.

En relación con el comercio exterior agroalimentario, el objetivo es que las fronteras no sean un coladero de entrada con la aplicación de la cláusula espejo, a la vez que se apoye la apertura de nuevos mercados en el marco de una reciprocidad con terceros países. Agricultura potenciará la actividad y competencias de la Agencia de Control e Información Alimentarios con más medios e inspecciones y dando más publicidad a las sanciones, además de apoyar las denuncias presentadas por las organizaciones agrarias y comprometerse a revisar en Bruselas la directiva sobre prácticas desleales del comercio.

En este camino hacia un nuevo marco para la política agraria se contempla la necesidad de más fondos y subvenciones máximas en los seguros agrarios, especialmente para los jóvenes y explotaciones prioritarias. También se barajan medidas fiscales manteniendo la deducción del 35% en la factura de carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes, una reducción el 15% en el rendimiento neto en el IRPF, que el límite de las ayudas de minimis pase de 20.000 a 25.000 euros o nuevas líneas de créditos desde el ICO y para los avales de SAECA… En conjunto, cambios en marcha y otros pendientes.