Ecologistas en Acción y Greenpeace cree que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debería decretar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña una vez emitida la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) en la que se "enumera la interminable lista de defectos" de la planta atómica, y consideran que el regulador atómico "no debería arriesgarse en dar una licencia para 17 años", algo que califican de "inaudito".
El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha celebrado que el regulador atómico "haya tomado nota" de los problemas que venía denunciando su organización, pero ha añadido que, precisamente por eso, "lo suyo es que el CSN decretase el cierre porque esto es prolongar la agonía de un enfermo terminal".
Así, ha subrayado que el CSN se ha referido a los fallos en las partes internas de la vasija, a las grietas detectadas en una central gemela en Bélgica, las modificaciones derivadas de la orden ministerial de 2009 y las que se deberían hacer a raíz de las pruebas de resistencia tras el accidente en la central japonesa de Fukushima.
"¿Por qué empeñarse en mantener en funcionamiento una central con semejante relación de fallos e irregularidades? Veo con simpatía que nuestras quejas estén recogidas, pero ante estas situación lo suyo es que el CSN decretase el cierre, porque ahora está reconociendo, implícitamente, que si Nuclenor cumple todo eso se le van a dar 17 años más de vida", ha manifestado Castejón.
En este sentido, ha añadido que es "inaudito" que se de un permiso único de explotación de 17 años, cuando lo normal en España han sido autorizaciones por diez, y más cuando en la Unión Europea se está apostando por revisar las centrales cada seis años.
Por eso, opina que esta situación forma parte de "todas las negociaciones y pulsos vistos" entre el Gobierno y las empresas eléctricas, en las que Garoña "ha sido una pieza clave de ellas". A su juicio, una vez que el Ejecutivo ha hecho todas las reformas legales necesarias para permitir su reapertura, este es un chantaje de Iberdrola y Endesa al Gobierno al que se ha plegado el CSN, ya que Nuclenor ha apuntado que únicamente le interesa funcionar hasta los 60 años de operación.
Negociaciones "ocultas del Gobierno y las eléctricas
Respecto a la respuesta que deberá dar Nuclenor antes del 30 de septiembre, el representante de Ecologistas en Acción cree que la empresa puede tener ya preparado el calendario, aunque duda de que a Nuclenor le interese en realidad todo el proceso en el que se halla si no es para crearle un problema al gobierno actual y al futuro. "Es complejísimo y no se entiende sin las negociaciones ocultas entre el Gobierno y las eléctricas", ha aseverado.
Por su parte, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha destacado que la lista de condiciones es "interminable" y pone en evidencia las deficiencias de la central más antigua de Europa. A su juicio, esto demuestra que la seguridad es "imposible" de garantizar y que Garoña "jamás" podrá cumplir los estándares de seguridad y tecnológicos necesarios para los nuevos reactores porque es "vieja".
En su opinión, el CSN está abriendo un "proceso inédito" en España, porque se está vulnerando la cultura de buenas prácticas que reinaba en el organismo regulador, en relación con la solicitud de 17 años de licencia de operación por parte de Nuclenor y, "precisamente" con una central "tan vieja". "Es un proceso inédito también para muchos reguladores de otros países", ha comentado.
Sin embargo, ha señalado que habrá que esperar a septiembre para saber si Nuclenor "tira la toalla o si se decidirá a acometer todas las exigencias que le pide el CSN", que le solicita información adicional a la ya enviada y le apunta las mejoras que deberá hacer.
"La pelota vuelve al tejado de Nuclenor", ha apostillado Montón, quien ha advertido de que este es un "proceso vivo" y, por tanto, es "muy arriesgado", por lo que el CSN debería esperar, cuanto menos, a saber qué pasa en la central belga.