Casi quince años han tenido que pasar para que una Técnico de Administración General (TAG) haya conseguido que el Ayuntamiento de Burgos le pague por el trabajo que desempeñó como jefa del Servicio de Personal entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de mayo de 2017. Y no ha sido porque se le haya reconocido este derecho por parte del Consistorio, sino porque, tras muchos años de empeño y de pelea, ha tenido que ser el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 el que ha determinado en una reciente sentencia que, de manera inequívoca, la adjunta al jefe de sección realizó las funciones (de superior categoría) del máximo responsable técnico del área durante algo más de siete años. Dicho de otra manera, lo que toca ahora es pagarle los 96.095 euros que dejó de percibir más los intereses legales.
Aunque el Ayuntamiento, al que se le condena al pago de las costas, defendió en el procedimiento judicial (no se sabe con qué determinación) que este derecho había prescrito y que la número dos del servicio había asumido solo «parcialmente» las funciones de la jefa de Personal, lo cierto es que el Juzgado rechaza el primer argumento, muy endeble, por los numerosos recursos y escritos a o largo de los años solicitando el reconocimiento de la retribución y, en relación al fondo del asunto, al zanjar que no hay discusión sobre el hecho de que esta funcionaria realizó trabajos que le corresponden al número uno del servicio.
La sentencia defiende como «definitivo» un informe del 1 de diciembre de 2020 rubricado por otra jefa de Personal, nombrada en este caso a través de una adscripción provisional, en el que se reconoce la petición de que se le reconozcan los trabajos de superior categoría. Un escrito, por otra parte, que se ha ignorado en vía administrativa, que no sirvió para que se firmara una resolución en el Ayuntamiento reconociéndole el derecho, pero que ha sido determinante en los tribunales.
Además de realizar las funciones propias del día a día de la jefa de Personal, en la sentencia se recuerda que en los años en los que estuvo asumiendo estas funciones, la TAG municipal tuvo que enfrentarse a asuntos tan complejos como la gestión de la pérdida de la paga extraordinaria de los empleados públicos (luego recuperada) o de la impopular rebaja de sueldo del 5%.
En 2013 se le ofreció pagarla 600 euros al mes de productividad por los trabajos realizados propios de la jefatura del servicio pero lo recurrió al no estar conforme.