La denuncia de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra el exconsejo de administración de la extinta Caja de Burgos ha dado un nuevo paso adelante. La Fiscalía ha trasladado la misma al juzgado de instrucción al considerar que existen «razonables indicios de ilegalidad», según anunciaron ayer la concejala y diputada provincial Rosario Pérez y el coordinador del consejo local de la formación magenta, Javier Ojer.

UPyD denunció el 20 de junio en el registro de la Fiscalía de la Audiencia Provincial a los miembros del consejo entre los años 2005 y 2011 por «supuesta administración fraudulenta y desleal».

También se denunciaron «presuntas irregularidades» en la concesión de créditos a su presidente, José María Arribas Moral, que recibió entre 2015 y 2010 34 millones de euros. «Arribas y sus empresas acumularon el 93% de los créditos que se concedieron en esos seis años a miembros del consejo de administración. La mayor parte se concedieron a su empresa, Indasa, que llevaba años en pérdidas y que dejó una deuda en Banca Cívica de 12 millones. Posteriormente, entró en concurso de acreedores y despidió a 95 trabajadores», apuntó Rosario Pérez.

La formación presentó documentación de cómo estos créditos se concedieron en «condiciones ventajosas por debajo de los tipos de mercado y sin las suficientes garantías.

El otro hecho denunciado se trata del cobro irregular de diversas cantidades por parte de cinco miembros del consejo de administración, de la comisión ejecutiva y de la comisión de control de Caja de Burgos entre febrero y junio de 2011 y en relación con el proceso de integración de la entidad en Banca Cívica. Según los datos aportados por UPyD a José María Arribas Moral se le entregaron 61.000 euros; a Emilio Jordán, 27.000; al actual vicealcalde, ÁngelIbáñez, 24.000 y a Julio Roberto González y Ángel Calvo, 1.170. «Estos cobros no se reflejaron en las cuentas de la entidad ni hubo informe en el gobierno corporativo. Unión, Progreso y Democracia vio desde el primer momento que en Caja de Burgos se estaba siguiendo la misma dinámica que ha llevado a la quiebra a cuarenta cajas españolas y consideramos que toda esta documentación, junto con la investigación que realizaría el Ministerio Público, podría determinar la existencia de un delito de administración fraudulenta y desleal», añadió Rosario Pérez.

Satisfacción

Los representantes de UPyD mostraron su satisfacción por la actuación del fiscal, que calificaron de «diligente». «Se hubiera resuelto antes si no hubiera habido problema con la petición de documentos a la caja de ahorros y al Banco de España. Respetando la presunción de inocencia de todos los denunciados, el fiscal ha apreciado que en los hechos denunciados existen razonables indicios de ilegalidad».

UPyD agradeció la colaboración en la denuncia de la Asociación de Impositores de Burgos.

Por otro lado, los unionistas lamentan el poco control que hubo en Caja de Burgos en la concesión de estos créditos y también mostraron sus dudas en que fueran autorizados por la Junta de Castilla y León, tal y como ordena la Ley de Cajas, así como el poco control ejercido por el Banco de España.

Finalmente, mostraron su total disposición a colaborar con el juzgado en el que recaiga el caso.