El Ayuntamiento de Aranda de Duero arrastra un retraso de casi un año y medio para desplegar el contrato de telecomunicaciones que adjudicó en 2022. La migración de todas las redes de telefonía fija y móvil, además de la fibra óptica, debería haber terminado a finales de ese año. Sin embargo, la falta de personal en el área de Informática, con solo dos trabajadores, ha impedido su ejecución. Hasta el punto que en este momento ronda el 75%. Esta situación repercute de lleno en las arcas municipales. Cada mes, el Consistorio de la capital ribereña paga una factura de unos 5.500 euros a Vodafone, la empresa que resultó adjudicataria en la mencionada licitación. Sin embargo, también se sigue abonando otro recibo a Telefónica, que en el primer trimestre de este año ha sido de 4.000 euros mensuales por las líneas fijas más otros 2.000 por las móviles. Es decir, que como no se ha completado la migración, esta compañía sigue prestando sus servicios al Ayuntamiento y eso, obviamente, se ha de pagar.
Pues bien, en 2023 el Consistorio de Aranda abonó 76.600 euros a Telefónica por las líneas de teléfono fijas que hay en las distintas instalaciones municipales y otros casi 18.000 euros por las móviles. A ello se suman 15.000 euros por la telefonía fija en lo que va de 2024 y 9.500 euros más por la parte móvil. La suma de lo desembolsado en 2023 y 2024 asciende a 119.100 euros, que es lo que el Consistorio le ha pagado a Telefónica en este último año y medio pese a que tiene un contrato con Vodafone. Al mismo tiempo, las arcas municipales han afrontado el pago de 90.000 euros a esta última compañía por los servicios prestados en 2023 y lo que va de 2024. Aquí se incluyen 150 números públicos, 50 líneas sólo de datos, 38 de móvil (con datos y voz) y otras 44 sólo de voz. Entre ambas empresas suman 209.000 euros cuando el contrato se adjudicó por 108.000 euros anuales.
«Falta de previsión». El concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías, Guillermo López, expuso ayer esta situación al resto de grupos políticos en una comisión. A su juicio, semejante desbarajuste se debe «a una falta total de previsión en personal». Según remarca, «no puede ser que con el despliegue de redes, las bases de datos, la sede electrónica y la gestión del día a día, no haya crecido la plantilla de Informática». Desde hace más de 20 años, sólo trabajan dos informáticos en el Ayuntamiento. Ahora se ha contratado a otro y la previsión del equipo de gobierno es aumentar al menos a 8 en la nueva RPT, «sin perjuicio de que se necesiten más en el futuro», añade López, para rematar:«Hay 300 trabajadores y solo dos informáticos. Falta agilidad, falta personal y falta liderazgo para ejecutar este proyecto», que debería finalizar en septiembre.