A mediados del año 2017, amparado en la Ley de Seguridad Ciudadana, de ámbito estatal, el entonces Ejecutivo del PP en el Ayuntamiento de Burgos decidió modificar la Ordenanza Municipal de Drogodependencias para, con la introducción de unos pequeños cambios, poder elevar el importe de las sanciones por botellón hasta los 600 euros. Sin embargo, esa renovada normativa no tuvo efectos prácticos durante años ya que las multas que se giraban a aquellos que eran pillados in fraganti bebiendo alcohol en la vía pública (en los lugares no aptos para su consumo) continuaron siendo de 30 euros.

Hace apenas unos meses, en los últimos coletazos de la pasada legislatura, la entonces concejala de Sanidad y de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, detallaba que casi las 300 denuncias que se habían puesto en 2022 por la práctica del botellón se habían saldado con la multa mínima.

Sin embargo, lo cierto es que la realidad ha cambiado ya que al menos en estos últimos tres meses, en el área de Sanidad se están firmando resoluciones en las que se imponen multas de 80 euros, correspondientes a infracciones que fueron detectadas a principios de este año.

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