La administración es lenta pero garantista. Los propietarios del bloque del número 21 de la calle Cardenal Segura, en pleno centro histórico entre la Llana de Afuera y la Flora, tendrán que presentar un proyecto de rehabilitación y pedir licencia para hacer la obra en un plazo máximo de tres meses o el área de Licencias les empezará a girar multas coercitivas por el importe estimado de la actuación, 242.698 euros. 

Los dueños llevan desde finales de 2018 echando un pulso al Ayuntamiento de Burgos, dado que querían que el edificio fuera declarado en ruina. Sin embargo, los técnicos municipales dictaminaron en mayo de 2019 que no procedía la declaración de ruina y requirieron a los propietarios a que rehabilitaran el edificio pero estos interpusieron un mes después un recurso de reposición contra la resolución del gerente de Fomento, que fue desestimada en agosto de ese año. La resolución aludía a que el coste de las reparaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad, ornato público y habitabilidad del bloque no superaban el límite marcado al suponer un 21,96% respecto al valor de reposición del inmueble, que ascendía a 1.105.167 euros. 

Días después lo dueños interpusieron un recurso contencioso administrativo que fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 en una sentencia dictada el 13 de enero de este año. Por un error municipal, como consecuencia de los modelos automatizados de decretos y resoluciones, se concedió recurso de reposición cuando no cabe contra una resolución que ha sido ratificada judicialmente, de modo que se reinició el proceso para instar a los propietarios redactar un proyecto para reparar el edificio y pedir licencia en el plazo de tres meses. Si transcurridos los plazos la propiedad no realiza los trabajos el Ayuntamiento iniciará el proceso de ejecución subsidiaria o impondrán multas coercitivas por el importe de la ejecución. 

Los problemas con este edificio comenzaron ya en 2017 cuando el Ayuntamiento exigió la inspección técnica del edificio (ITC) pero no se llegó a presentar al haber dos informes con valoraciones diferentes sobre las actuaciones a realizar. Un año después se realizaron una obras urgentes por importe de 7.500 euros y ya se dejó claro las desavenencias entre los propietarios a la hora de actuar en el edificio.

De este modo, el inmueble se ha convertido en uno de esos borrones urbanos en pleno centro que adolecen del deber de conservación por parte de sus propietarios. En la misma calle Cardenal Segura llegaron a coincidir hasta tres inmuebles ruinosos, de los que perdura el aludido y el número 2, únicamente se consiguió que los propietarios adecentaran el que hacía esquina con la calle La Paloma aunque sigue sin uso. 

La Inspección Técnica de Edificios o de Construcciones, obligatoria para los inmuebles de más de 40 años ha servido al Ayuntamiento como herramienta para analizar el estado de los inmuebles más antiguos de la ciudad. Un estudio que ha derivado en muchos casos en reformas y también en la declaración de ruina de algunas construcciones.

La reactivación del mercado inmobiliario impulsa el arreglo de edificios que llevaban años abandonados mientras que otros deberán derribarse o someterse a una reforma integral.