A lo largo del pasado octubre, un total de 4.657 burgaleses cobraron un subsidio por desempleo. El Gobierno prepara una reforma en profundidad de esta ayuda que perciben todos aquellas personas que no han cotizado lo suficiente para percibir el paro -entre otros requisitos- con el claro objetivo de reincorporarlas al mercado laboral.
Para tal cometido, los Ministerios de Trabajo y Economía -discrepancias aparte- plantean que esta inyección económica mensual, que ronda los 480 euros, pueda ser compatible con aceptar una oferta de empleo. El objetivo, tal y como ha adelantado la secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, es alcanzar el pleno empleo. Aunque Burgos es la cuarta provincia con menor tasa de paro de todo el territorio nacional, un 6,94%, son casi 4.700 los burgaleses que no han cotizado lo suficiente como para generar el derecho a cobrar una prestación.
Para todos estos, Economía y Trabajo tienen intenciones distintas: por un lado el departamento que dirige Nadia Calviño plantea un modelo decreciente en el que se cobre más en los primeros meses recibiendo el subsidio para que, progresivamente, el apoyo económico decrezca. Todo con la intención de que el usuario no tenga otro remedio que aceptar alguna de las ofertas de trabajo que el SEPEpuede llegar a ofrecerle. Además, según el propio Gonzalo García Andrés, se pretende explorar la potenciación del compromiso de actividad que firman los parados con el SEPE para tratar de cambiar su situación de desempleo cuando les llegue una propuesta adecuada a sus demandas laborales.
Si actualmente se rechaza una oferta sin causa justificada, el Gobierno tiene la potestad de llegar a suspender el pago del subsidio por un mínimo de tres meses, aunque en casos de reincidencia puede ser una medida que se transforme en definitiva.
En Castilla y León se contabilizaron en octubre 31.282 ciudadanos con derecho a cobrar el subsidio por desempleo, mientras que en el conjunto del territorio nacional la cifra superó los 710.000 individuos.
La inmensa mayoría de los receptores superan los 52 años, aunque desde Trabajo apuestan por ampliar la cobertura a menores de 45 que, eso sí, no tengan cargas familiares. Según cálculos estatales, esto supondría incorporar 152.000 nuevos beneficiarios en todo el país. Del mismo modo, se pretende simplificar el acceso a la ayuda o eliminar el periodo de espera de un mes para empezar a percibirlo una vez se ha solicitado.
Uno de los requisitos fundamentales a la hora de cobrar este subsidio es acreditar la carencia de rentas «de ninguna naturaleza» superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, ingresar menos de 810 euros al mes. De superar esta cantidad se suprime el derecho de protección aunque el demandante no tenga paro pendiente.
Subida del SMI. Y es aquí donde entra otra de las variantes que se han de tener en cuenta a la hora de ver cómo evoluciona esta reforma del paro: ver en cuánto crece el SMI desde los 1.080 euros actuales. La patronal ya ha adelantado su intención de que este se eleve un 3% tanto en 2024 -hasta los 1.112,4 euros- como en 2025 -1.145,7 euros-. Por contra, los sindicatos defienden que alcance el 60% del salario medio y por ligar su evolución a la inflación, al igual que se ha hecho con las pensiones. Esta es la intención que tienen desde el Gobierno.