La alcaldesa niega que exista prevaricación ya que «no han prescrito» las infracciones

I.M.L. / Aranda
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Raquel González defiende los esfuerzos que está llevando a cabo el equipo de gobierno en el tortuoso asunto del coso taurino

La plaza de toros se anunció como un gran proyecto y se ha convertido en un quebradero de cabeza para los políticos. - Foto: DB

La alcaldesa del Ayuntamiento de la capital ribereña, Raquel González, se muestra tranquila ante la tramitación por parte del Juzgado de un procedimiento penal por presuntos delitos de prevaricación cometidos en el Consistorio al haber dejado expirar el plazo para sancionar las irregularidades detectadas en torno a la plaza de toros de Aranda. Esta tranquilidad la motivaba ayer acogiéndose a un informe del letrado mayor del Consistorio que se remitirá al Juzgado de Instrucción número 2 de la sede judicial arandina para que conste en el expediente que se instruye. «Las infracciones no están prescritas, desde el punto de vista del letrado mayor del Ayuntamiento, entonces no hay delito», afirmaba contundente la máxima responsable municipal arandina.

Sobre la posible prescripción de algunos de los trámites de este tema, González aclaraba que los expedientes sí podían haber caducado pero que podían retomarse los distintos asuntos fácilmente al ser un trámite interno dentro del Consistorio. Además, la alcaldesa puntualizaba que para que una sanción prescriba tiene que haber culminado el proceso al que afecta, cosa que no sucede en este asunto. «Según el oficial mayor, mientras las obras no estén finalizadas, no comienza a contar el plazo para la prescripción», aseguraba.

Dilatado en el tiempo

En cuanto a la caducidad de los distintos expedientes que aún están sin resolver relacionados con el coso taurino, la alcaldesa arandina reconocía que existe la posibilidad de que se dé esta situación pero que es un escenario heredado del anterior mandato. «Los expedientes pudiesen estar prescritos porque tienen su plazo pero muy probablemente estos expedientes pudieran estar prescritos ya al momento en que el PSOE en enero de 2011 declaró la caducidad de la licencia y cerró los expedientes anteriores.

Estos argumentos le servían a González para reafirmarse en su convencimiento de que están obrando según la legalidad vigente y siempre buscando resolver este embrollo. «Tenemos absoluta tranquilidad desde equipo de gobierno ya que estamos trabajando en numerosísimas líneas: en la línea de la caducidad de la licencia, en la línea de la auditoría externa y, por tanto, andamos buscando responsabilidades; no sólo la plataforma exige responsabilidades sino nosotros también desde el equipo de gobierno exigimos responsabilidades y queremos conocer si hubiese alguna responsabilidad en todo eso», declaraba.

En la actualidad, el equipo de gobierno sigue esperando a que el secretario municipal emita un informe sobre el planteamiento expuesto sobre la mesa de la reversión del contrato de la plaza de toros. «Desde luego, por parte del equipo de gobierno el planteamiento es el mismo: iniciar el procedimiento de reversión e intentar que la plaza pueda estar en nuestra posesión para el año que viene», reiteraba la alcaldesa.