La solicitud de una moratoria para avanzar en la mejora de 58 pasos de cebra no es el único movimiento realizado por el Ayuntamiento de Burgos en los últimos meses para disponer de un margen extraordinario en la ejecución de un proyecto impulsado por una importante subvención. 

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones tampoco llegará a tiempo a la fecha límite del 31 de diciembre y por ello el equipo de Gobierno ya avanzó en agosto la necesidad de recurrir a una prórroga. Sin embargo, el periodo de esta petición es de seis meses y, en el caso de recibir la aprobación requerida, ese plazo extra obligará a acelerar al máximo el ritmo de los trabajos contratados.

El equipo de Gobierno municipal se mantiene a la espera del visto bueno del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para resolver ambas cuestiones, si bien la más apremiante es la relacionada con el futuro Burgos Central.

Y es que en el número 1 de Plaza Mayor se muestran convencidos de que la subvención de 1,8 millones de euros contemplada en el proyecto de los pasos de cebra no corre peligro. Sin embargo, la instalación del perímetro restringido al tráfico sí supone un quebradero de cabeza para la ciudad desde hace tres años. Siempre, bajo la amenaza de perder 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos si no se cumplen a tiempo los objetivos marcados por el Gobierno de la nación para las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Descartado el primer contrato judicializado, el Ayuntamiento ya solicitó hace un año una moratoria de 12 meses para poner en marcha la nueva ordenanza y para instalar los puntos de control. La nueva tramitación siguió su curso por vía de urgencia, pero el calendario avanzó y en verano se asumió que los trabajos no llegarán a tiempo. Por eso, se anunció la petición de una segunda prórroga con un matiz a tener en cuenta.

Esta vez el plazo extraordinario contemplado es más corto que el anterior, un matiz con el que se pretende convencer al Ministerio de Transportes. En el caso de recibir la confirmación a esta solicitud, Burgos Central deberá ser una realidad el 30 de junio.

Este horizonte asume el riesgo de que la empresa adjudicataria de los trabajos cumpla a rajatabla (e, incluso, recorte) los plazos de ejecución establecidos en la adjudicación. El pasado 29 de octubre se formalizó el contrato y por delante restan ocho meses de trabajos. Justo, hasta el final del primer semestre de 2025.

Cualquier error de cálculo o problema técnico durante la implantación de los elementos de control dará al traste con los cálculos del equipo de Gobierno, el cual considera que la hoja de ruta marcada en este momento es suficiente para llegar a tiempo a esta fecha límite propuesta.

En este momento el área de Movilidad sigue sin noticias oficiales de Madrid, si bien la experiencia acumulada en los últimos tiempos invita a mantener la calma a la espera de las esperadas novedades. La mencionada prórroga solicitada el año pasado se tramitó en el mes de septiembre y, aunque a mediados de noviembre ya se daba por hecha la aprobación, el visto bueno oficial tardó en llegar unas semanas más.

Etralux es la adjudicataria de las obras para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y dispondrá de un margen estrecho para realizar los trabajos. El contrato se firmó por un importe de 2.892.957,5 euros, sin impuestos, y entre los trabajos programados destaca la instalación de los 31 puntos de control establecidos en la nueva ordenanza.

Comienza así una cuenta atrás sin el menor espacio para el error desde un punto de vista técnico. Además, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia admite a trámite el recurso del PSOE, que denunció que la propuesta de mínimos del PP y Vox para la Zona de Bajas Emisiones no aplica la legislación. Aunque la oposición no solicitó medidas cautelares en su recurso, el rediseño de Burgos Central se encuentra bajo la lupa después de que el recurso presentado en 2022 por el PP tumbara la propuesta presentada entonces por el PSOE porque el primer contrato no estaba sujeto a una ordenanza reguladora.

Entonces la empresa adjudicataria también fue Etralux, un contrato que aún está sin resolver mientras la misma compañía ya prepara el despliegue de los elementos incluidos en el nuevo procedimiento. A la espera de comprobar si el Ministerio concede el plazo extra solicitado y de si Burgos Central estará listo el 30 de junio, este asunto aún tiene muchos aspectos por zanjar con 2,6 millones procedentes de Europa aún en el aire.

Una historia con muchos rodeos y que aún puede sorprender
Después de dos años de rodeos, contratos judicializados, rediseños del perímetro, más recursos judiciales y sendas solicitudes de prórroga, Burgos Central se fija ahora el 30 de junio de 2025 como fecha límite para cumplir con las exigencias planteadas para las ciudades de más de 50.000 habitantes. Quedan menos de ocho meses por delante para tener a punto la Zona de Bajas Emisiones, siempre que el Ministerio dé el visto a la moratoria y a la espera del recorrido que pueda tener el proceso impulsado por el PSOE.

2022. La oposición, entonces el PP, advierte en julio de irregularidades en el proceso iniciado. Posteriormente el Juzgado suspende el contrato.

2023. Se reconoce el riesgo de perder los fondos europeos. Con el cambio de Gobierno se anticipa una reducción del área planteada, se solicita una prórroga y se empieza todo el camino desde cero. 

2024. Se trabaja en una modificación  del contrato de Tráfico para acortar plazos, pero finalmente se aprueba la nueva ordenanza y en octubre se adjudica el contrato de instalación de 31 cámaras. 

2025. La nueva moratoria solicitada es de seis meses, por lo que la Zona de Bajas Emisiones tendrá de margen hasta el 30 de junio para su puesta en marcha si recibe la autorización del Ministerio.