La Policía Local, con la colaboración la Asociación de Empresarios de Automoción (Adeabur), inició el pasado mes de marzo una campaña de inspección de talleres para comprobar que los negocios del sector cumplen con todos los requisitos establecidos por normativa y controlar así el repunte de establecimiento ilegales acumulado hasta 2022.

Para entonces, el cuerpo municipal había detectado un total 40 locales en situación irregular ubicados en naves viejas y garajes particulares y se preparaba para otro posible alza de este tipo de actividad justificado en una inflación disparada y en la escasez de materias primas del momento.

El control realizado en este tiempo ayudó a evitar esta circunstancia y hoy la Policía Local tiene en marcha otra campaña de inspecciones. La Unidad Administrativa (UPAD) ha visitado ocho lonjas hasta el mes de mayo, una tarea que se desarrolla de dos maneras.Bien porque los agentes detectan una actividad irregular, bien porque alguien -ya sean vecinos o profesionales- informa de una posible infracción.

A partir de ese momento la Policía Local realiza las comprobaciones pertinentes. Aquellas cuestiones que no estén en regla se derivan a las administraciones competentes para que revisen la documentación y tramiten los expedientes sancionadores que procedan llegado el caso. Las infracciones más habituales afectan a las normativas relacionadas con la licencia medioambiental y con la gestión de residuos.

Este tipo de inspecciones se realizan de forma periódica, si bien el intendente jefe de la Policía Local de Burgos, Félix Ángel García, recuerda que «lo normal es que todos los talleres estén regularizados». «La cifra puede parecer alta, o no si se tiene en cuenta el número de talleres que hay», matiza.

El Cuerpo municipal asegura «tener controladas» este tipo de actuaciones irregulares que afectan en dos sentidos. Por un lado, castigan a los profesionales que cumplen con la normativa «con este tipo de competencia desleal». Por otro, estas actuaciones perjudican a los ciudadanos. «Algunos pueden pensar que hacen bien al conseguir una intervención o un arreglo muy barato, pero son reparaciones que no ofrecen ninguna garantía de que estén bien realizadas o se hayan utilizado las piezas adecuadas», explica.

Ello, además, implica otro factor clave a tener en cuenta. «Dejar el coche en las manos o en los lugares equivocados puede afectar a su seguridad. Frenos, motor... te pueden hacer un apaño de cualquier manera y luego puede generar un problema mayor», advierte. 

En el recuerdo está el susto vivido en 2017, cuando se incendió un taller ilegal en el barrio de San Pedro y San Felices. Los profesionales, siempre activos para erradicar este tipo de prácticas, colaboran con la Policía Local para acercarse lo más posible a su erradicación.

Gabriel Martínez, presidente de Adeabur, destaca la doble línea de participación. El sector aporta su granito de arena en las tareas de «identificación y denuncia de los puntos ilegales». Además, realiza labores de un asesoramiento «más detallado del tratamiento de residuos en el mundo del taller».

En este sentido, la Policía Local tiene previsto mantener una reunión con la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León y con la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento para  concretar los detalles de las denuncias relacionadas con la gestión de residuos.

En varias ocasiones no resulta sencillo completar este seguimiento. Martínez destaca algunos ejemplos complicados, como el de los talleres que aparecen «en un garaje dentro de un vallado privado o en un polígono industrial en el que actúan de manera clandestina en horarios extraños». 

Por este motivo el «intercambio de información y la colaboración» supone un impulso decisivo para controlar este tipo de actividades ilegales. Aunque las campañas de inspección no siguen un patrón temporal, la labor de todos los sectores implicados ayuda a reducir el número de locales en situación irregular que permanecen activos.