Los contactos entre el secesionismo catalán y los servicios secretos rusos son conocidos y evidentes. Todo empezó con la visita de Artur Mas a Rusia, en octubre de 2012, donde se llevó a 14 altos cargos, sin conseguir entrevistarse con ningún político relevante. Más suerte tuvo su sucesor, el Cobarde Prófugo, porque los servicios secretos rusos, tras el intento del golpe de Estado de 2017, se percataron de que ese punto de debilidad europea podría ser aprovechado.
No son infrecuentes las injerencias de Rusia en las democracias occidentales. El apoyo cibernético a Donald Trump está tan demostrado como el que aprovecha Marine Le Pen, en Francia. Y también han enredado para perturbar los procesos electorales en Alemania. Pero si Artur Mas, con 14 altos cargos de séquito, se paseó por Moscú sin conseguir nada, el jefe de la oficina del Cobarde Prófugo, Josep Lluis Alay, realizó tres viajes a Rusia, pagados con el dinero de los contribuyentes españoles que viven en Cataluña, y que la Generalitat maneja a su antojo, porque allí la prevaricación tiene barra libre. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, por orden de Putin, la Unión Europea notó que Rusia no era un molesto moscardón, que huroneaba en las redes para provocar interferencias, sino que estaba ocupando uno de los bloques del edificio europeo, que es algo así como si no das importancia a los robos en la urbanización hasta que te enteras de que han robado en el chalet de enfrente. De esos viajes, el que firmó los cerca de 25.000 euros que costaron era el responsable de la Intervención del Govern, un tal Aragonés García, conocido más tarde como Pere Aragonés, porque al apellido de la propia madre, el buen secesionista le da una patada si no conviene a la estética del nacionalismo.
En 2022, el Parlamento Europeo pidió que se investigara "la relación estrecha y regular entre los servicios secretos de Putin y el secesionismo catalán". Podría suceder que, a pesar de la amnistía prometida, un nuevo informe acusara al Cobarde Prófugo de graves intentos para desestabilizar las democracias europeas, con lo que, a lo peor quienes le persiguieran fueran, no los pisoteados jueces españoles, sino los jueces de Bruselas. Es la consecuencia de haber envuelto a Putin con la estelada. La Generalitat pagó el primero de los tres viajes a Rusia que hizo el responsable de la altos coficina de 'expresident' Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en los que mantuvo contactos con miembros de los servicios secretos de Vladímir Putin para conseguir apoyos para la independencia de Cataluña, según confesó él mismo en el canal 3/24.
Hasta ahora, no se sabía quién había abonado este dispendio, pero ahora se conoce que entre los días 6 y 8 de marzo de 2019, Alay viajó a este país con el consentimiento del Gobierno de Cataluña y a cargo de las arcas públicas. Según ha detallado su abogado, Gonzalo Boye, quien también se encarga de la defensa de Puigdemont, "dicho viaje fue supervisado y autorizado por la Intervención de la Generalitat". Hay que recordar que en esos días de 2019 el presidente de la Generalitat era Quim Torra, y el responsable último de la Intervención del Govern no era otro que Pere Aragonès, hoy presidente catalán, pero entonces 'conseller' de Economía.