En el seno de la Dirección General de Tráfico hay desde hace años una sensación de que algunas empresas de transporte que ofrecen traslados a escolares descuidan una parte fundamental de sus obligaciones. Las campañas de vigilancia han confirmado unas sospechas y, al menos en el seno de la Policía Local, que es la que tiene las competencias de control en el área urbana, ha despertado cierta preocupación. Porque, especialmente en el último operativo, se han encontrado con un incumplimiento generalizado de los autobuses controlados. Casi todos los vehículos inspeccionados presentaron algún tipo de carencia. Y más de uno, varias. Los datos han hecho saltar las alarmas en el cuerpo municipal, que ha tomado la determinación de incrementar estos dispositivos y hacerlos más aleatorios. 

La Dirección General de Tráfico coordinó la campaña especial de la semana pasada. La orden principal era vigilar especialmente que los autobuses escolares circulasen a la velocidad permitida, que los conductores no incurriesen en distracciones (uso del móvil, sobre todo debido a que la mayoría de accidentes vienen precedidos de despistes), el uso del cinturón ente los alumnos o el consumo de alcohol y drogas. Conductas que, gracias a los mensajes de concienciación a lo largo de los años, son cada vez más puntuales. Otra cosa son otros pequeños detalles que a simple vista pueden parecer menos importantes, pero que redundan en la seguridad de los ocupantes, que en su inmensa mayoría son menores. Y es aquí donde, de un tiempo a esta parte y a los últimos datos hay que remitirse, las empresas flaquean. 

Porque lo que se encontraron los agentes de la Policía Local que llevaron a cabo las pertinentes inspecciones en la capital fue un recurrente incumplimiento. Hallaron infracciones en 14 de los 15 autobuses controlados. En total, redactaron un total de 21 denuncias, lo que hace una media de tres al día (serían más porque la actividad principal se circunscribe de lunes a viernes). Se inspeccionaron vehículos de diferentes características, tanto los de 60 plazas como los microbuses. 

En concreto, encontraron 8 incumplimientos por no presentar en el momento la autorización escolar específica para la realización del transporte de alumnos y menores; otra por no tener el seguro adicional de responsabilidad civil de viajeros (obligatorio para este tipo de servicios); tres por no acreditar que los buses tenían entre 10 y 16 años de antigüedad, requisito para este tipo de transporte; tres por no utilizar hojas de registro de taquímetro homologadas; tres por no llevar la señal V-10 obligatoria y, por último, otras 3 por llevar extintores caducados o en malas condiciones. 

En el cuerpo municipal, a tenor de los resultados de esta campaña, tienen la percepción de que las empresas «no se toman demasiado en serio este tipo de normativa de seguridad», por lo que consideran que, en aras de presionar un cambio positivo en este aspecto, incrementarán su vigilancia aleatoria y discrecional a partir de las próximas semanas sin necesidad de que se proponga desde la DGT. 

Esta decisión también viene motivada por la incorporación de personal policial especializado en las inspecciones de este tipo de vehículos y también del transporte de mercancías. Así, fuentes de la Policía Local aseguran no se descarta seguir incrementando medios técnicos y humanos para fortalecer los controles de este tipo. 

Los resultados confirman una tendencia negativa que se repite desde hace años y que quedó retratada en las estadísticas provinciales publicadas por el Ministerio del Interior. Según estos datos, en 2023 se detectaron 59 infracciones en los 73 controles realizados. La gran mayoría por el incumplimiento de la autorización específica y el seguro adicional.  

El incremento de la vigilancia es algo que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Burgos (Fampa) lleva tiempo reclamando. El colectivo recuerda que los dispositivos sólo se hacen de manera especial y no hay un control aleatorio y más frecuente. A su juicio, la DGT no le da la debida importancia porque las cifras de siniestralidad son bajas, con cero muertos desde 2012. Según un estudio de Fesvial y Línea Directa, el transporte escolar es once veces más seguro que el coche particular.