El Cuerpo Nacional de Policía ha desmantelado en Roa el mayor laboratorio de speed descubierto hasta el momento en Castilla y León en el marco de una operación contra el tráfico de drogas denominada ‘Yogur’ que aún continúa abierta. El centro de operaciones, desde donde se proveía este tipo de sustancias a diversas localidades de la comunidad, se encuentra en el número 27 de la calle Arrabal, donde los agentes han intervenido 13 kilos de speed y más de 30 kilos de precursores para la elaboración de sustancias estupefacientes. Lugar en el que también encontraron arcones, prensas, envasadoras de vacío, termoselladoras y mascarillas.

Todo el material fue hallado en la bodega de la vivienda de uno de los detenidos, R.S, cuyas iniciales se encuentran grabadas en la parte superior de la puerta de forja que da acceso al chalet ubicado en el municipio ribereño. El varón, de 28 años, está vinculado a una conocida familia bodeguera de la Ribera del Duero cuyas instalaciones se encuentran en La Horra. Junto a él, otras dos personas, de las que se desconoce su filiación, han sido arrestadas en Aranda de Duero -donde existía un almacén de distribución- desde el pasado sábado por su implicación en esta red de tráfico de drogas.

La operación policial pilló por sorpresa a los vecinos de la calle Arrabal que no sospechaban que el inmueble albergara un laboratorio de fabricación de drogas y menos de tal magnitud, si bien, tras saltar la noticia, sí reconocían que el lugar era frecuentado habitualmente por jóvenes foráneos.

Una testigo presencial del despliegue policial, que asegura  que los agentes sacaron de la bodega-merendero gran cantidad de cajas «ante las que los perros ladraban que no veas», sí indicaba que, sin embargo,  en el municipio se sabía que R.S., cuando era algo más joven, se había dedicado  a «pasar droga» y que, incluso, había sido detenido ya anteriormente al menos en otras dos ocasiones en Palencia y en Valladolid «y había pasado por la cárcel».

El número total de detenidos se completa con otros 25 (15 en Valladolid, seis en Palencia y cuatro en León). Todos están en prisión, según informó ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que compareció en Valladolid ante los medios con el comisario provincial del Cuerpo Nacional, Francisco López, y el comisario de la Brigada de Policía Judicial, Jesús del Amo.

Respecto a las cantidades incautadas, un centenar de agentes del Grupo III y VIII de la Brigada de la Policía Judicial de Valladolid, con la colaboración de la VII Unidad de Intervención Policial, Guías Caninos y las comisarías provinciales de Palencia, Aranda de Duero y León han aprehendido un total de 24 kilos de speed, 170 de hachís, dos de ketamina y diversas cantidades de MDMA, heroína y LSD. Además, han requisado 11 vehículos, una escopeta, una pistola, un arma eléctrica, un subfusil, varias pistolas, armas blancas y grilletes y 229.000 euros, de los que gran parte eran billetes falsificados.

Dichos artilugios fueron encontrados en 25 registros domiciliarios, de los que dos se realizaron en Roa de Duero, uno en Castrillo de la Vega y uno más en Aranda de Duero, donde se localizó uno de los dos almacenes  que distribuía la droga del laboratorio que ha sido desmantelado.

El otro se encontraba en Valladolid, ciudad en la que también se registraron viviendas al igual que en las capitales de León y Palencia, así como diversas localidades de estas provincias castellanas a las que se hacía llegar la droga elaborada en Roa. Entre ellas, Medina del Campo, Sahagún, Pedrajas, Mojados o Villamuriel.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Precisamente en la capital pucelana fue donde comenzó la investigación, en el mes de enero, al detectar personas dedicadas al narcotráfico que acudían con  asiduidad a un domicilio en el que se desarrollaban actividades de prostitución y venta de droga.

Pesquisa tras la que se descubrió una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes ramificada en cuatro provincias, según informó la Delegación del Gobierno de Castilla y León en un comunicado remitido a los medios de comunicación. En él, se subraya el «meticuloso reparto de tareas del grupo criminal», cuyo funcionamiento presentaba una jerarquía muy definida, y la utilización de medidas de seguridad y costosos dispositivos que dificultaron su detección.

Además, los responsables policiales y políticos aseguraron que los miembros de la organización «no dudaron en llevar a cabo presuntas agresiones y amenazas con armas de fuego» para conseguir el control de la venta de droga en las localidades en las que operaban.