«El principio del fin del tedioso, farragoso y desagradable asunto de la plaza de toros ha comenzado en el día de hoy». Así de rotundo se manifestaba ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento arandino, José Ignacio Delgado, tras entregar al resto de los grupos municipales el informe encargado al secretario municipal sobre el proceloso contencioso del nuevo coso taurino cubierto que coincide plenamente con el encargado a un abogado externo al plantear que la única vía para resolver este conflicto dados los incumplimientos acumulados por el empresario pasa por resolver por la vía judicial el contrato y reclamar la resolución del coso y los daños y perjuicios ocasionados a la administración local.
«Procedería adoptar acuerdo por el pleno municipal incoando expediente para resolver, por incumplimiento del adjudicatario, el contrato de enajenación de los terrenos de propiedad municipal sitos en calle San Francisco nº 42 para la construcción y posterior explotación de una Plaza de Toros con Cubierta Móvil para usos polivalentes»., concluye el funcionario municipal.
El edil regionalista reconocía que tras este claro pronunciamiento y con esa base jurídica ya no hay posibilidad de marcha atrás a promover la resolución por la vía judicial. Un punto que hasta que se ha alcanzado confesaba que, a lo largo de estos dos años, «lo más difícil ha sido poner de acuerdo a todos los grupos municipales -especialmente al Partido Popular, algunos de cuyos miembros eran partidarios hasta última hora de conceder la licencia definitiva a Toros Ricor a cualquier precio y solo cedieron fruto de la negociación del pacto de gobierno- sobre qué tipo de acciones había que tomar, y que esas acciones estudiar respaldadas por informes jurídicos».
Llegados a esta tesitura, José Ignacio Díez propuso ayer en la Comisión Informativa de Obras, como paso previo a incoar el expediente de resolución del contrato, la elaboración de un calendario con todas las actuaciones que va a ser necesario llevar a cabo por parte del Ayuntamiento, con una definición milimétrica, de cara a actuar con una diligencia ejemplar y evitar que se pueda pasar alguno de los plazos o que haya algún fallo administrativo puesto que se contará tan solo con tres «escuetos» meses a partir de la incoación para llevar a cabo todas esas acciones, pudiéndose ampliar a unos cinco si, como se prevé, es preceptivo algún dictamen por parte del Consejo Consultivo de Castilla y León y es necesario remitirle informes. Un planteamiento respecto al que inicialmente, según el corporativo regionalistas, existe unanimidad aunque será informado en la próxima comisión.
TÉCNICOS LIBERADOS
«Pretendemos también que antes de empezar con el expediente se recabe por parte municipal un listado con todos los expedientes que tenemos que hacer, quién los tiene que hacer y liberar si es necesario de cualquier otra obligación a los técnicos o jurídicos que tengan que realizar esos informes, de tal manera que una vez que se incoe el expediente la maquinaria municipal funcione como una máquina perfecta, que llegue en todos los plazos a realizar todas las actuaciones», argumentó.
Díez, explicó que la intención es articular el calendario la primera quincena del mes de enero, con el fin de que en febrero como muy tarde se adopte en pleno el acuerdo de incoación del expediente de resolución del contrato, que según sus previsiones, podría tardar alrededor de cinco meses en culminarse. Unas fechas muy medidas de cara a que en el caso de que se tenga en cuenta la petición que se va a realizar de la reversión de la plaza de toros al Ayuntamiento como medida cautelar, recupere el uso del coso en el menor tiempo posible con la mira puesta en las fiestas patronales de 2014.