El Ayuntamiento de Burgos, personado en la causa contra el exconcejal Julio Rodríguez-Vigil, ha seguido los pasos marcados por la Fiscalía y en su escrito de acusación, redactado en los mismos términos que el del Ministerio Público, solicita también diez años de inhabilitación para cargo o empleo público al considerar que el entonces edil de Cs cometió un delito de prevaricación en el supuesto trato de favor a un hostelero. Una causa que será juzgada por la Audiencia Provincial.

El Ayuntamiento mantiene la misma posición en la que se situó hace casi tres años cuando abrió una investigación interna motivada por la denuncia de varias empleadas municipales que aseguraban que Rodríguez-Vigil había hecho desaparecer en reiteradas ocasiones unas certificaciones necesarias para que la Junta de Castilla y León pudiera tramitar un expediente sancionador contra el bar Carpanta.

El letrado jefe del Ayuntamiento tomó declaración a las trabajadoras municipales en octubre de 2021 y tras ratificarse las empleadas en los hechos que se habían denunciado previamente por un correo electrónico decidieron ponerlos en conocimiento de la Fiscalía.

A las dos semanas, el Ministerio Público abrió diligencias y en diciembre remitió al juzgado la causa contra Rodríguez-Vigil al apuntar que se había podido cometer un delito de prevaricación y otro de denegación de auxilio entre autoridades. Por este último, lo que ha solicitado ahora en el escrito de acusación es una pena de seis meses de multa de 12 euros diarios.

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