El último pleno de las Cortes de este periodo de sesiones desestimó ayer la enmienda a la totalidad al proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, si bien los grupos apelaron al consenso en la tramitación que se abre ahora con las propuestas parciales. La enmienda a la totalidad socialista, presentada por Nuria Rubio, contó con los votos favorables de su grupo y del procurador de Podemos, en contra de los socios de PP y Vox y la abstención de los minoritarios de UPL-Soria Ya, Por Ávila y Francisco Igea. Todos defendieron la necesidad de esta ley para cambiar el modelo de atención residencial que «hizo aguas durante la pandemia», pero la oposición echó en falta más concreción, según informa Ical. 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó una norma de 44 artículos, participada con el sector, que incluye «una novedosa» evaluación de los centros, que será pública. Además, defendió la importancia de una ley innovadora, con un modelo de atención coincidente con el de larga duración de la UE, acorde al acuerdo en el Consejo Territorial y que se centra en la persona. 

Se basa en la atención integral de las personas dependientes y sus necesidades, alejándose de modelos tradicionales centrados en enfermedades, explicó, para añadir otros contenidos como el reconocimiento de la familia como pieza clave en el discurrir cotidiano del centro y elemento de información, explicó.

Igualmente, destacó que se regula una atención libre de sujeciones en el uso de los medios mecánicos, la organización de los centros en unidades de convivencia de 16 personas como máximo, con profesionales de referencia que acompañan al residente y un proyecto de vida. 

Papel mojado

«Hoy era un día muy esperado», inició la socialista Nuria Rubio, que retrocedió al momento de la pandemia con el elevado número de personas fallecidas en los centros residenciales y viendo como temían que estos centros «se habían convertido en negocios».

Rubio recordó el informe de la Consejería sin arrojar datos pero añadió que la resolución del Procurador del Común «fue demoledora» sobre cómo fueron atendidos o que muchos murieron en soledad y desatendidos. «Nos presenta tres años después una ley que no aporta nada, que es una declaración de intenciones, que no cambia el modelo», argumentó la socialista, que esgrimió los informes «críticos» del CES y del Consejo Consultivo.

El popular Miguel Ángel García Nieto pidió la retirada de la enmienda a la totalidad, leer bien el proyecto de ley y trabajar en una norma de consenso. «De su intervención se desprende una posición política, sin ningún rigor científico», siguió, a la vez que insistió en que se trata de un modelo de cuidados reconocido a nivel europeo. «Parte de un consenso social y político, nunca presentaríamos una ley por la puerta de atrás», rebatió a Rubio. Por parte de Vox, Javier Teira afirmó que el proyecto es bueno porque camina a una atención integral y personalizada.